Tras varios días de audiencia quedaron formalmente imputados los policías y otros participantes por ser cómplices del hampón Alvarado

El viernes comenzó la audiencia imputativa alrededor de las 14 y concluyó este lunes por la tarde, en el Centro de Justicia Rosario, donde los imputaron a los detenidos por ocultar y desviar pruebas en las balaceras contra el poder judicial, entre ellos se encuentra un importante comisario de la PDI

El primer imputado sin lugar a dudas es el jefe de la organización criminal que tuvo a mal traer en este último tiempo a la ciudad con balaceras y amenazas contra el poder judicial, Esteban Lindor Alvarado, quien se encuentra detenido, fue imputado por ser el Jefe de Asociación Ilícita en calidad de autor; amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como instigador del mismo en la menos tres hechos. Otro de los imputados fue el Comisario de la PDI Martín Rey por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autor. Su hermano David Marcelo Rey por los delitos por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autor.

“La Pepo” Jorgelina Miriam Chávez, perteneciente al Comando Radioeléctrico, le imputaron los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; incumplimiento de los deberes de funcionario público; encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y cohecho, y tráfico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del Ministerio Público de la Acusación.

“El Fino” Nicolas Marcelo Ocampo por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como partícipe secundario y concurre idealmente con el delito de encubrimiento agravado. Y finalmente Pablo Bancora por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y cohecho, y tráfico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del MPA.

Los Fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional de la Fiscalía Segunda Circunscripción imputan al cabecilla; Esteban Lindor Alvarado por haber determinado a terceras personas, utilizando su capacidad de influir y a partir de los recursos materiales y económicos que detenta para efectuar los siguientes hechos ocurridos el 10 de diciembre de 2018 a las 2.16 en los Tribunales Provinciales de Rosario, cuando dos personas se trasladaban a bordo de una motocicleta oscura por calle Balcarce desde el norte, se detienen frente a la puerta de dicho edificio y el acompañante del conductor efectúa al menos 12 disparos con proyectiles 9 mm hacia la puerta de calle Balcarce, dejando un cartón el cual tenía escrito en letra imprenta “con la mafia no se jode Atte: Esteban Alvarado”, retirándose en dirección al sur.

En misma fecha, 22 minutos después de ocurrido el primer hecho, en el Centro de Justicia Penal de Rosario de calle Sarmiento 2850, dos personas se trasladaban en una motocicleta tipo enduro color roja y blanca, ingresan por la vereda de la plaza central de la manzana donde se encuentra dicho edificio y al momento de arribar a la ochava noroeste, la persona que estaba como acompañante, arroja un cartel con la inscripción “Con la mafia no se jode, Atte: Esteban Alvarado”, posteriormente la misma persona efectúa al menos 5 disparos de arma de fuego contra dicho edificio. Previo a efectuar el hecho y con el objetivo de desviar la atención del personal policial de vigilancia, una mujer ya imputada el pasado 22 de diciembre se presenta ante los efectivos simulando estar enferma, generando así una maniobra distractora. Una vez cometido el hecho ordenan insertar en el teléfono supuesto de una persona relacionada a la familia Cantero, mensajes que lo relacionaban con aquella mujer.

También el 14 de enero de este año en horas de la noche en calle Rioja al 500, haber determinado a terceras personas para que de forma anónima dejen la cabeza de un perro dentro de una caja en la puerta de la vivienda de una empleada del Ministerio Público de la Acusación, con el fin de alarmarla y con el propósito de obtener una variación del curso de investigación del homicidio de Lucio Maldonado, (hecho ocurrido el 13 de noviembre de 2018 en zona de Circunvalación y Oroño de Rosario, donde fue hallado). Se le atribuye ser el jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos, al menos desde el periodo de agosto de 2018 hasta el 29 de abril de 2019, período en el cual se dirigió la administración de recursos materiales y humanos con fines delictivos. La asociación repartía sus tareas entre personas que conforman tres estamentos diferenciados: el primero de ellos integrado por quienes bajo sus órdenes procuraban los medios materiales para la comisión de delitos contra la propiedad y contra las personas. Estas personas proveían armas y vehículos a la organización, contactaban y retribuían económicamente a las personas a cargo de ejecutar delitos, llevaban a cabo tareas de seguimiento, e identificación de personas, e intimidaban a personas, para obtener algún beneficio para la organización; el segundo de los estamentos constituido por un grupo de personas que en cumplimiento de sus órdenes llevaban a cabo hechos ilícitos y delictivos tendientes a dotar de impunidad los hechos ejecutados por los integrantes de la organización. Esa tarea era cumplida con el aporte de profesionales, personal policial y otras personas. Entre las tareas realizadas se encuentran la de brindar información falsa a los investigadores del MPA, aportar información reservada de las investigaciones en curso al jefe de la organización, omitir llevar a cabo tareas propias de su función en relación a la localización y detención de Alvarado y simular operativos policiales para incorporar información falsa a las investigaciones; a este estamento lo integran al menos los hermanos Martín y Marcelo Rey casualmente el camping en Embalse Río Tercero donde aprehenden al cabecilla figura a nombre del padre de estos, el apodado “Puchero” ex integrante de la fuerza y Jorgelina Chávez, ”La Pepo” como el tercer estamento integrado por un grupo de personas que se encargaba bajo las directivas de Alvarado. Quienes gestionaban un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permiten ocultarse tras el amparo que brindan las estructuras societarias. Empresas investigadas, dedicadas especialmente a actividades de logística, transporte y comercialización de rodados y empresas unipersonales. A través de ellas se proveían bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura; recursos materiales y humanos disponibles para la comisión de delitos; inmuebles para que vivan sus miembros y para guardar rodados de la organización; dinero para pagar a personas para obtener de ellas información y otras tareas que permitan la ejecución de diversos delitos; rodados de distinto porte que tenían disponible para el traslado de los integrantes y la comisión de delitos y personal dependiente de las sociedades disponibles para distintas tareas operativas de la organización. Dicha organización compuesta por Marcelo Nicolás “El Fino” Ocampo, Marcelo y Martín Rey y Jorgelina Chávez entre otros.

Asimismo, Martín Rey le imputan en su carácter de policía integrante de la PDI División Operativa de la UR II, tomar parte en una asociación o banda de tres o más personas cuyo jefe es el sindicado Alvarado destinada a cometer delitos indeterminados, incumpliendo además los deberes que como funcionario público policial le impone la ley y los reglamentos vigentes, todo conforme las siguientes circunstancias: En su carácter de jefe de una de las brigadas operativas haber indicado a sus dependientes que el automóvil que tomó parte en el ataque a la vivienda de una empleada del Ministerio Público de la Acusación e integrante del equipo de trabajo de la Unidad de Gravedad Institucional del MPA el 31/01/19, poseía un dominio específico que se insertó en un informe de procedimiento el cual le fuera entregado a la Unidad de Gravedad Institucional el 4/02/19. En ese informe se daba cuenta del seguimiento con videocámaras de los vehículos que participaron en el atentado antes mencionado, se indicaba que el vehículo Volkswagen Up gris, en el que se retiran los agresores luego de abandonar la motocicleta, era el antes indicado. Todo ello a sabiendas que ese dato era falso, que ese dominio correspondía a vehículos contra quien Alvarado pretendía se dirija la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado.

Además le imputan haber indicado a los fiscales a cargo de la investigación del 22 de diciembre de 2018 en horas nocturnas que un grupo de personas de nacionalidad colombiana estaban escondidos en la localidad de Pueblo Esther y que los mismos serían los autores de los atentados al Centro de Justicia Penal y de los Tribunales Provinciales el 10 de diciembre, a sabiendas que eso no era verdadero y con la intención de desviar la investigación hacia otras 3 personas, una de ellas relacionada con El Clan Los Monos o la familia Cantero. Por su parte le imputa haber participado de un allanamiento llevado a cabo el 29 de abril de 2019 en Rivero al 5200, cuyo objeto fue insertar un teléfono que contendría mensajes de texto destinados a ser analizados por los fiscales del MPA para que dirijan la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado, los atentados al Poder Judicial del mes de diciembre y el de la casa de la empleada del Ministerio Público de la Acusación e integrante del equipo de trabajo de la Unidad de Gravedad Institucional del MPA, hacia otras dos personas.

Todo ello habiéndolo llevado a cabo a sabiendas que su aporte formaba parte del plan común elaborado por Alvarado cuya finalidad era desviar la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado e inculpar a otras 3 personas, una de ellas relacionada con la familia Cantero, como los responsables del mismo.

A su hermano David Marcelo Rey le imputan, en su carácter de policía integrante de la PDI División Operativa de la UR II, tomar parte en una asociación o banda de tres o más personas cuyo jefe está sindicado Alvarado destinada a cometer delitos indeterminados, incumpliendo además los deberes que como funcionario público policial le impone la ley y los reglamentos vigentes, todo conforme las siguientes circunstancias: Haber participado del allanamiento llevado a el 29 de abril de 2019 en Rivero al 5200, cuyo objeto fue mencionado párrafos anteriores. Además, lo llevó a cabo cumpliendo con su rol de proveedor de impunidad de la asociación ilícita liderada por Alvarado y a sabiendas que su aporte formaba parte del plan común elaborado por éste cuya finalidad era desviar la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado. A Jorgelina Miriam Chávez, le atribuyen el hecho ocurrido el 18 de diciembre cuando recibe un mensaje de WhatsApp enviado por una Subinspectora policial donde envía el contacto de una persona relacionada a la familia Cantero con el mensaje “ahí ese está recontra relacionado con las balaceras”, respondiéndole el personal policial “mañana voy para allá”. Luego, en reiteradas oportunidades les dijo a Fiscales y empleados de la oficina a cargo de la investigación que intervengan las comunicaciones de esa línea telefónica, todo ello como parte del plan de Alvarado para desligarse del homicidio de Lucio Maldonado. Dicha información fue transmitida a personas allegadas a Alvarado a efectos de prestar colaboración con la maniobra de encubrimiento por él ideada con el objetivo de desvincularse del hecho de homicidio de Lucio Maldonado, a cambio de dinero.

A Nicolás Marcelo Ocampo le imputan haber prestado colaboración esencial para la ejecución del hecho ideado y determinado por Alvarado ocurrido el 31 de enero en horas de la madrugada en calle Rioja al 500, cuando terceras personas arriban al lugar a bordo de una motocicleta, que se detienen en el domicilio ubicado en dicha zona perteneciente a una empleada del Ministerio Público de la Acusación e integrante del equipo de trabajo de la Unidad de Gravedad Institucional del MPA; disparando en al menos 8 oportunidades con un arma 9mm en dirección a la puerta principal a una altura media y hacia la ventana del domicilio, los mismos ingresaron en la vivienda y dos de ellos impactaron en la pared de fondo de una habitación donde dormía uno de los moradores; dichas personas se dan a la fuga a bordo de un automóvil Volkswagen Up color gris. La colaboración consistió en haber hecho tareas de seguimiento, tomar registros fílmicos y fotográficos del domicilio, vehículos y un automóvil Volkswagen Up gris (de similares características al utilizado en el hecho) perteneciente a un testigo de cargo en la investigación por el hecho de homicidio de Lucio Maldonado; dicha información fue utilizada por personas integrantes de la organización para ejecutar el atentado descripto, intentando inculpar al testigo ya mencionado, todo con el fin de ayudar a Alvarado con el objetivo de desviar la investigación por el crimen del financista mencionado antes. También le atribuyen ser miembro de una asociación ilícita.

Finalmente, a Pablo Bancora le imputan haber incumplido las obligaciones inherentes a su cargo en su rol de personal policial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, desempeñando funciones en el Ministerio Público de la Acusación y como investigador del equipo de gravedad Institucional del Ministerio, en causas iniciadas con motivo de distintos atentados de domicilios de magistrados judiciales y dependencias públicas del estadio municipal y provincial. Una de las causas que le incriminan es la que sucedió el 17 de diciembre cuando entabla una conversación con uno de los fiscales de la investigación y ante su consulta el Fiscal le informa que el día 20 de diciembre se llevarían a cabo una serie de allanamientos a domicilios relacionados con Alvarado. Esa información la transmitió a terceras personas que le sirvió a Alvarado para advertir la realización de esta medida a personas de su entorno. Por distintas razones los allanamientos no se llevaron a cabo. De esta forma trasmitió información a terceras personas sobre un testigo de identidad reservada que había prestado declaración ante la Unidad de Gravedad Institucional de la Fiscalía en el marco de la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado a cambio de dinero.

Por todas estas pruebas que presentaron los Fiscales, la Jueza de Primera Instancia Dra. María Carrara aceptó la calificación legal presentada por la Fiscalía y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para todos los imputados.