El tribunal integrado por los jueces Román Lanzón, Gustavo Pérez Urrechu y Hebe Marcogliese tiene a cargo el juicio contra Ezequiel “Pala” Gorosito y Ariel “Gordo” López, acusados del homicidio de Juan Alberto González y contra quienes la fiscalía solicitó la pena de 35 y 32 años de prisión respectivamente. Junto a López fue detenida su pareja, Eliana Segovia, quien enfrenta una pena de 4 años de prisión por tenencia ilegítima de tres armas de fuego.

En su alegato de apertura, el fiscal Ávila presentó el caso como “un claro ejemplo de cómo operan las bandas criminales que se financian con la venta de estupefacientes” que “cuando algo o alguien no les gusta proceden a la violencia, armada, letal y sin miramientos”.

La noche del primero de abril de 2019, Juan Alberto González, un joven de 23 años “ajeno al mundo de armas y drogas”, fue acribillado a balazos en su auto mientras esperaba a su amigo Brian Orellano para salir a bailar. Estaba estacionado con su VW Bora gris en Andreu al 1200 de Villa Gobernador Gálvez, frente a la casa de Orellano, cuando López y Gorosito aparecieron en una moto y lo balearon al confundirlo con su amigo. Si bien no está claro el móvil del ataque, el fiscal enumeró tres motivos por los que podrían haber querido matar a Orellano.

González terminó con 30 heridas producto de 12 disparos y fue trasladado por su padre y Orellano al Hospital Anselmo Gamen, desde donde fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), lugar en el que falleció la madrugada del 3 de abril.

Dos semanas después, el 17 de abril, en una requisa realizada en el pabellón 13 de Piñero se secuestraron elementos probatorios que permitieron obtener información fundamental para poder detener a Gorosito el 3 de junio. Posteriormente, el 9 de agosto, López fue detenido junto a Segovia en una allanamiento realizado por las TOE en un pasillo de Ayacucho y Estado de Israel. Les secuestraron tres armas de fuego, una de las cuales habría sido utilizada en el homicidio de González.

Por su parte, el defensor público Dr. Darío Pangrazi solicitó la absolución de los acusados alegando que la fiscalía no podrá probar con el grado de certeza necesaria los hechos llevados a juicio ya que no hay testigos presenciales que ubiquen a los acusados en el lugar del hecho ni tampoco fue secuestrada la moto que dicen que usaron.