Siete personas, entre ellas el jefe narco Esteban Alvarado, son juzgadas desde este lunes en el Centro de Justicia Penal (CJP) por delitos que van desde la asociación ilícita, atentados a edificios y viviendas, homicidios y lavado de activos. El comienzo del debate oral a la banda del “Esteban”, que está enfrentada desde hace años a Los Monos y cuya disputa explica una porción de los homicidios que se cometen en la ciudad, provocó el despliegue de un importante operativo de seguridad donde se realizan las audiencias.
Las personas sentadas en el banquillo son Esteban Lindor Alvarado, Mauricio Jesús Laferrara, Matías Ávila y Germán Facundo Fernández, quienes tienen pedido de perpetua; el jinete y cuidador de caballos Facundo “Lapo” Almada, con solicitud de 15 años de cárcel. Los dos restantes Miguel Grecci Hazzi y Silvina Ghirardi, vinculados a maniobras de lavado, para quienes pidieron 8 y 3 años de cárcel.
• Los cinco primeros están imputados en distinto grado por el crimen del oscuro prestamista Lucio Maldonado, causa que dio origen a la investigación contra Alvarado, quien previo a 2018 era una especie de fantasma que sobrevolaba el submundo del hampa local, aunque ya tenía dos condenas: una por robo de autos en Rosario, de 2007, y otra a 6 años impuesta en Buenos Aires en 2012 como jefe de la Banda Los Rosarinos también por delitos del rubro automotor.
La noche del 11 de noviembre de 2018 un grupo de personas que venía siguiendo Maldonado en una Kangoo gris, apenas este se bajó en su casa de Garibaldi 608 a punta de pistola lo retuvo y lo obligó a subirse al utilitario. Eran cuatro tipos y eran las 0.35. Tres de estos se retiraron en la Kangoo y el restante se subió al Chevrolet Cruze propiedad de Maldonado. Los coches enfilaron hacia la casaquinta ubicada en Ruta A012 kilómetro 10, paraje Los Muchachos, en Piñero. Un predio a nombre de los hijos de Esteban Alvarado, frecuentado exclusivamente por él y por su círculo de amistades. Pernoctaba Lapo Almada, quien esa noche llegó a pedido de Mauricio Laferrara para ayudarlos.
Luego del secuestro y traslado de Maldonado una persona volvió al domicilio de calle Garibaldi, entró por un lapso de tiempo, dejó el Cruze estacionado en la puerta de su casa, y se retiró en una VW Amarok blanca que conducía otra persona y lo estaba esperando. Los autores materiales del homicidio concurrieron y retuvieron a Maldonado en la casa del paraje Los Muchachos por al menos una hora, luego de lo cual arrojaron el cuerpo en Circunvalación y colectora a Autopista Rosario-Buenos Aires a las 5.12 del mismo día. El cuerpo fue hallado el 13 de noviembre con cuatro disparos de arma de fuego, dos de ellos en la zona craneal y con las manos atadas por la espalda con una soga y con un cartel de cartón sobre su cuerpo en el que se puede leer la inscripción “con la mafia no se jode”.
• Otra causa en debate es la muerte de Cristian Enrique, secuestrado el 23 de octubre de 2018 en Cabín 9 y hallado el 9 de noviembre en el kilómetro 6 de la Ruta Provincial 14 cerca de Soldini. La hipótesis es que este homicidio fue una represalia por la balacera que cuatro días antes sufrió Jorge Laferrara, un hombre condenado por integrar la organización y padre del imputado como coautor del crimen, Mauri Laferrara.
• Además estarán en debate distintos atentados que según la acusación fueron ideados por Alvarado. Estos son las balaceras del 10 de diciembre de 2018 al Palacio de Tribunales de Pellegrini y Balcarce y al CJP. La amenaza mafiosa que sufrió el 14 de enero de 2019 una empleada de la Fiscalía que investigaba a Alvarado, en cuya casa cercana al Monumento le dejaron la cabeza de un perro, como si fuera una escena de la película El Padrino. Y finalmente la balacera que sufrió esta mujer en el frente de su vivienda el 31 de enero. Alvarado allí intentó incriminar a un testigo en su contra, Rodrigo Ortigala, y a la banda Los Monos.
• Una asociación ilícita que se inició el 16 de junio de 2012 y continuó al menos hasta el 18 de octubre de 2019.
• Cinco causas de lavado de activos (casas en Funes Hill, Puerto Roldán y Condominios del Alto, un campo en Coronel Domínguez y una casa en Tierra de Sueños).
De acuerdo con la Fiscalía en las causas relacionadas al universo Alvarado “ya se impusieron multas por 250 millones de pesos y se decomisaron bienes por 200 millones de pesos. Y se piden en el presente multas por el valor de 1500 millones de pesos”.
Otra particularidad del caso es que dos ex integrantes de la banda de Alvarado devenidos testigos fueron asesinados: Carlos Argüelles y Marcelo “Fino” Ocampo. En tanto, a otra enemiga de Alvarado, Mariana Ortigala, intentaron asesinarla en Roldán.
La causa ya cuenta ya con 22 condenados en procedimientos abreviados, entre los que se encuentran siete policías: Cristian “Chamuyo” Di Franco, Luis Quevertoque (jefe de la extinta Brigada Operativa de la División Judiciales, a cargo de la investigación a la banda criminal de la familia Cantero en 2013), Pablo Báncora, Javier Makhat, los hermanos Martín y Marcelo Rey y Jorgelina “La Pepo” Chavez.
El abogado de Alvardo, Claudio Tavella, también fue sentenciado por disimular a su nombre la compra de un campo de 10 hectáreas que era del jefe narco.
Alvarado fue detenido el 2 de febrero de 2019 en Embalse Río Tercero. Veinte días después en Nueva York con un software especial se realizó la apertura de su Iphone que contenía 4.500 audios de Telegram. Ese fue el comienzo de la debacle de su imperio que, según investigaciones recientes, sigue activo en las calles de la ciudad, donde los niveles de violencia siguen altísimos desde hace años.
A su vez, los dos fiscales que encabezan la investigación aseguraron que durante las audiencias “la población podrá ver cómo se estructuran los mercados criminales”.
“Es muy importante desarrollar una investigación en todas sus aristas. La población podrá ver un juicio en el que se ve claramente cómo se estructuran y funcionan los mercados criminales que tantas veces mencionamos vinculados con la criminalidad cotidiana”, afirmó el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada Schiappa Pietra, en un video del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe difundido horas antes del inicio del juicio.
Según el fiscal, durante todo el proceso de recolección de pruebas se logró analizar “cómo es que estas organizaciones criminales tienen un funcionamiento y despliegue en el terreno” y “cómo se relacionan los estamentos más violentos con aquellas que tienen otras funciones como la de administrar los recursos”.
Schiappa Pietra está a cargo de la investigación junto a su colega Matías Edery, quien expresó que en el juicio “no solo se trabajará sobre la estructura criminal”, sino que también se contemplará “el desarrollo económico de estas organizaciones”.
“Vamos a ver las partes violentas, pero también la parte de las personas que le han lavado dinero y le permiten con esto seguir funcionando y manteniendo la estructura criminal. En este caso vamos a ver casi completo el sistema que explica este tipo de criminalidad”, aseguró Edery.
Por otra parte, los fiscales también anticiparon que la “complicidad estatal y policial” también será expuesta durante el juicio.
“Esto explica mucho cómo se ha organizado la criminalidad en la ciudad y de qué forma distintos estamentos estatales, principalmente la policía, colaboraron con el funcionamiento de estas organizaciones dándole protección y cobertura”, concluyó Schiappa Pietra.
Está previsto que el juicio se extienda hasta la primera semana de abril, con audiencias diarias de 8 a 14 y más de 130 testigos.
“MAÑANA ROSARIO ESTÁ DE FIESTA”
Fue el posteo en las redes sociales del hijo de Esteban Alvarado a escasas horas de que comience el juicio contra su padre, como para ponerle color al desarrollo de la jornada, al igual que lo hizo su padre, ante el juez, cuando declaró que es de profesión “comerciante” Facundo Almada, otro de los imputados, dijo que no sabe leer ni escribir y que es un peón rural. Otros dijeron ser fleteros. Pero expresó en la primera jornada que; no tuvo derecho a defenderse justamente. Dado que lo le permitieron poner un perito de parte cuando abrieron su teléfono. “Los fiscales tienen el poder, acá no hay más justicia. Me pusieron una multa de $1.950 millones de pesos ¿De dónde podría sacar esa plata si estoy preso?”
