El legislador provincial recibió la confirmación por parte del Ministerio Público de la Acusación que lleva adelante la causa contra el ex ministro Sain y parte de sus funcionarios.
El diputado provincial Maximiliano Pullaro recibió en las últimas horas la confirmación de que es una de las victimas en la causa que investiga presunto espionaje ilegal en Santa Fe durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad. El legislador fue notificado luego de que en enero pasado se presentara en la Fiscalía luego de que su nombre apareciera en una lista donde aparecían presuntos investigados de manera ilegal. “Si la causa avanza, estamos ante el hecho más grave de la democracia” afirmó Pullaro.
En el texto que recibió por parte de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández se le informó al diputado que resultó “penalmente ofendido (victima) por la comisión de los delitos” de abuso de autoridad y violación a las leyes de Inteligencia y de Protección de Datos Personales. Para Pullaro “es gravísimo lo que se está investigando, que Sain, Montenegro y Schujman estén sospechados de haber recabado información de manera ilegal mientras deberían haber estado cuidando a los santafesinos, es algo nunca se vio en la historia de la democracia santafesina”.
Así mismo, Pullaro adelantó que su abogado, el Dr. Pablo Cococcioni, tiene instrucciones de ir hasta las últimas consecuencias, “queremos saber para qué desde el gobierno se recopilaba esta información, si es cierto que se recolectaba información sobre empresarios queremos saber con qué fines, si es cierto que se investigaba a dirigentes políticos, no solo opositores también integrantes del propio gobierno enfrentados a Sain, cuáles eran los fines y conocer también si es verdad que había periodistas investigados y para qué”.
En la notificación recibida por parte de la Fiscalía también se le aclara al legislador que “lo asisten en su carácter de víctima -entre otros- los derechos previstos en el art. 80 del Código Procesal Penal (CPP)” y además se le informó que “la Investigación Penal Preparatoria permanece bajo reserva (artículos. 258 y 259 del CPP), motivo por el cual no podemos aún autorizarle el acceso a las constancias de la misma”.
Por último, le requirieron que “en caso de poseer información o evidencia que pueda ser considerada útil para el avance de la investigación, nos lo haga saber inmediatamente”. Asimismo fue rechazado el amparo laboral que Sain había presentado cuando lo echaron del Organismo de Investigaciones