La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy medidas clave en la causa que investiga al juez federal

En una jornada trascendental, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación sesionó este martes y entre otros temas, dio luz verde a la producción de pruebas solicitadas por el consejero Álvaro González, quien encabeza la investigación contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque.

La medida representa un avance significativo en una causa que pone bajo la lupa la conducta del magistrado en el ejercicio de sus funciones. González había solicitado hace más de un mes la remisión de tres expedientes federales que están siendo instruidos por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. En dichos expedientes se detallan distintas conductas presuntamente irregulares por parte del juez Bailaque.

El primero de estos casos investiga el posible vínculo del magistrado con maniobras de lavado de dinero llevadas a cabo por los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, en el contexto de operaciones de narcotráfico lideradas por Esteban Lindor Alvarado. Se sospecha que dichas operaciones se habrían facilitado desde el ámbito judicial.

El segundo expediente está centrado en la supuesta relación entre Bailaque y Fernando Whpei, empresario que sería amigo personal del juez. Según se investiga, el magistrado habría ordenado el desbloqueo de fondos judicialmente inmovilizados en beneficio de una entidad financiera vinculada a Whpei.

Finalmente, el tercer expediente indaga sobre el presunto armado de causas judiciales contra los empresarios; Oneto e Iglesias. En esta causa, el ex funcionario de la AFIP Santa Fe, Carlos Vaudagna, se presentó recientemente como arrepentido y aportó detalles sobre el presunto involucramiento del juez en estas maniobras.

La causa sigue en etapa de instrucción probatoria, bajo la conducción del consejero González. De comprobarse los hechos denunciados, el juez Marcelo Bailaque podría enfrentar un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, órgano responsable de evaluar la conducta de los magistrados y, eventualmente, definir su destitución. El avance de esta investigación es seguido de cerca por distintos sectores del Poder Judicial y de la sociedad civil, atentos al impacto institucional que podría generar.