Ya son 52 los búnkers de droga derribados en la provincia

Este viernes por la mañana se concretó la demolición del puesto número 52 desde la implementación de la Ley de Microtráfico en la provincia. La acción fue coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el MPA y la Policía de Santa Fe.

Un nuevo operativo contra el microtráfico de drogas se llevó a cabo este viernes en Rosario, donde se procedió a la inactivación de un puesto de venta de estupefacientes ubicado en la zona sudoeste de la ciudad, en calle Cisnero al 6500. La intervención fue parte del plan impulsado por el Gobierno de Santa Fe, en el marco de la Ley de Microtráfico, y contó con la participación del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía provincial.

Se trata del derribo número 52 en el territorio santafesino y el número 50 en la ciudad de Rosario, desde la promulgación de la ley a finales de 2023. Esta legislación permite a la Justicia provincial investigar y desactivar puntos de venta de drogas al menudeo, una competencia que antes recaía exclusivamente en la Justicia Federal.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que “la Ley de Microtráfico nos permite actuar con mayor eficacia en el territorio, articulando con el MPA y las fuerzas policiales”. Además, valoró el trabajo del Comando Radioeléctrico, que mediante patrullajes preventivos logró detectar el lugar, ubicado en una zona de pasillos de difícil acceso.

Desde el MPA, el fiscal Franco Carbone señaló que el lugar estaba controlado por grupos enfrentados por el territorio y que una de las personas imputadas cuenta con antecedentes por delitos violentos. La fiscal Ana Julia Milicic precisó que se secuestraron más de 4 kilos de marihuana, 345 gramos de cocaína, balanzas, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Este tipo de intervenciones, que combinan tareas de inteligencia criminal, operativos policiales y decisiones judiciales, marcan una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico a pequeña escala. La coordinación entre los distintos niveles del Estado permite avanzar en la desarticulación de redes delictivas y recuperar espacios para la comunidad.