Una ex empleada policial fue condenada por falsificar actas, recibir coimas y secuestrar civiles

Lucía Bellizzi, ex integrante de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe, fue condenada a 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por múltiples delitos vinculados a corrupción policial, privación ilegítima de la libertad y falsedad documental. En un fallo que sacude los cimientos institucionales de las fuerzas de seguridad, el juez de Primera Instancia Alejandro Negroni homologó un procedimiento abreviado mediante el cual se condenó a Lucía Bellizzi (31), ex efectiva de la Brigada Motorizada de la URII de la Policía de Santa Fe, a 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas y el cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período.

La condena incluye una impresionante lista de delitos: falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad y violación de deberes de funcionaria pública. Bellizzi actuó en complicidad con otros miembros de la fuerza —también imputados— para extorsionar a ciudadanos, falsificar procedimientos y encubrir actividades ilícitas, muchas veces vinculadas al tráfico de armas y drogas.

El hecho más grave se produjo el 22 de noviembre de 2024, cuando la brigada interceptó a dos personas que trasladaban armamento ilegal. En vez de detenerlos legalmente, pactaron un soborno de dos millones de pesos para liberar a uno de ellos, falsificando luego el acta del procedimiento. La evidencia fue deliberadamente omitida y distorsionada.

Posteriormente, no sólo se encubrió el delito, sino que uno de los agentes, J.S, extorsionó a uno de los involucrados, exigiéndole $20 millones más a cambio de no denunciarlo. Además, en enero de 2025, la misma brigada protagonizó otro episodio de gravedad: la detención ilegítima de dos civiles —una de ellas de 72 años— bajo una causa armada por drogas, por la cual pasaron 17 días presos injustamente.

Este fallo representa un avance en la lucha contra la impunidad dentro de las fuerzas de seguridad. Aunque Bellizzi fue la primera en recibir condena, la investigación sigue su curso y alcanza a otros uniformados que, en lugar de proteger a la ciudadanía, tejieron una red de corrupción, violencia institucional y abuso de poder. La sociedad exige justicia, y el sistema judicial empieza, lentamente, a responder.