Según las primeras versiones se habría declarado como “arrepentido”
Empiezan a destapar lo que podría ser “la caja de pandora de las mutuales” tras los allanamientos en Rosario, que vinculan al empresario Fernando Whpei con una red de extorsión judicial. Los procedimientos fueron autorizados por el juez Rodríguez Da Cruz y están basados en la declaración del ex jefe regional de la AFIP, Carlos Vaudagna, quien actuó como arrepentido. La investigación apunta a maniobras de extorsión orquestadas desde el entorno del juez federal Marcelo Bailaque.
Este viernes, la ciudad de Rosario fue escenario de dos impactantes allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción y extorsión judicial vinculadas al juez federal Marcelo Bailaque. Los procedimientos, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fueron ordenados por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien también homologó el acuerdo como “arrepentido” de Carlos Vaudagna, ex jefe regional de la ex AFIP (actual ARCA).
Las medidas judiciales se realizaron en un domicilio ubicado sobre calle Santiago al 800, entre Córdoba y Rioja, perteneciente al empresario Fernando Whpei, íntimo amigo del juez Bailaque y en la sede de la Asociación Mutual Unión Provincial, situada en Sarmiento al 800. Ambas propiedades estarían relacionadas con las maniobras denunciadas por Vaudagna, quien detalló un supuesto plan para extorsionar a los financistas Jorge Oneto y Claudio Iglesias.
Según la declaración del arrepentido, todo se habría iniciado en una reunión privada en la casa de Bailaque, con la presencia del propio Whpei. A partir de allí, se habría montado una falsa investigación administrativa desde la ex AFIP, que luego derivó en una denuncia anónima con información sensible para justificar intervenciones judiciales contra los empresarios, con el objetivo de extorsionarlos económicamente.
“Todo comenzó en una reunión en la casa del Dr. Bailaque”, sostuvo Vaudagna en su testimonio, indicando que desde ese momento se pactaron “acuerdos espurios” para reemplazar fiscalizaciones reales con informes reservados elaborados por la Dirección de Investigación de AFIP. Con estos documentos, el magistrado habría dictado resoluciones judiciales sin fundamentos legales, incluyendo allanamientos y secuestros de documentación y dispositivos electrónicos de los empresarios implicados.
Fuentes judiciales aseguraron que los procedimientos fueron impulsados directamente por la nueva información que surgió de la declaración del arrepentido, lo que habilitó al juez Rodríguez Da Cruz a avanzar con los allanamientos. El escándalo, que ya salpica a figuras de alto perfil judicial y empresarial, deja en evidencia una trama compleja de connivencia entre funcionarios, magistrados y empresarios para perseguir intereses personales y económicos.
La causa sigue su curso y se espera que, en las próximas horas, se conozcan nuevas medidas procesales y posibles imputaciones.
