El Ministerio de Seguridad Nacional inhabilita los Centros de Estudiantes en las Cárceles Federales
La medida, que afecta a la educación y la reinserción social de los internos, genera debate sobre su efectividad y sus implicancias en el sistema penitenciario. Este martes el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una medida controvertida: la inhabilitación de los centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La Resolución 2025/372 establece la prohibición de la permanencia de personas privadas de la libertad en espacios educativos fuera del horario asignado para clases. Esta normativa se fundamenta en la Ley N° 24.660, que regula la ejecución de la pena en Argentina, y pone en primer plano la reinserción social de los internos y la reducción de la reincidencia.
Según el Ministerio, los llamados “centros de estudiantes” dentro de algunas cárceles federales habrían creado un esquema que dificulta la aplicación efectiva del régimen de progresividad, alterando la seguridad y el normal desarrollo de las actividades diarias dentro de las unidades penitenciarias. La medida busca garantizar que la participación en actividades educativas no entorpezca las tareas de trabajo y el mantenimiento de los espacios, elementos fundamentales para el tratamiento penitenciario obligatorio.
Sin embargo, la decisión ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la efectividad de esta medida. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, se destacó que no se adhirieron a esta ley nacional, lo que deja en claro la disparidad de enfoques sobre cómo deben manejarse los derechos de los internos. “Menos mal que en Santa Fe nos desenganchamos de la ley nacional“, señalaron, y afirmaron que no solo la prohibición de los centros de estudiantes no se aplica, sino que tampoco existen rebajas de pena por la asistencia a la escuela, salario mínimo, vacaciones ni sindicato para los presos en la provincia.
El debate está servido. Mientras que el Ministerio de Seguridad argumenta que la medida es necesaria para el orden y el cumplimiento de las penas, voces críticas aseguran que se trata de un retroceso en los esfuerzos por lograr una reinserción social efectiva. El tiempo dirá si esta resolución tendrá el impacto esperado o si generará más controversias dentro del sistema penitenciario y la sociedad en general.
