Un nuevo caso de corrupción policial sacude a Rosario. Los agentes serán imputados por complicidad con la banda del Frentudo
La lucha contra el narcotráfico en Rosario vuelve a enfrentarse a un enemigo dentro de las fuerzas de seguridad. Seis policías de la Brigada Motorizada fueron detenidos este lunes, sospechosos de estar involucrados en maniobras ilegales con bandas de narcotraficantes que operan en el norte de la ciudad. El caso fue impulsado por la Fiscalía Regional Secunda, quien llevaron adelante una serie de allanamientos los que dejaron al desnudo la complicidad de estos uniformados con los criminales.
La investigación comenzó cuando se peritó el celular de Sandra Álvarez, una mujer detenida por microtráfico de droga en el barrio Parque Casas, quien, en conversaciones con otros miembros de la banda, reveló que ciertos policías colaboraban para perjudicar a la competencia narco, alertando sobre operativos de seguridad inminentes y manipulando procedimientos. Este hallazgo desencadenó una serie de operativos en los que fueron arrestados cinco policías en servicio, mientras que un sexto se presentó voluntariamente ante Asuntos Internos.
Los detenidos serán imputados este lunes, por falsedad ideológica, falsificación de documentos, apremios ilegales, cohecho y encubrimiento agravado. Además, descubrieron que los implicados no solo colaboraban con el tráfico de estupefacientes, sino que también cometían abusos de poder, como el caso de un detenido que fue golpeado en la Comisaría 10º y la falsificación de informes médicos que omitieron lesiones en la víctima.
El foco de la causa está en un policía de la Brigada Motorizada, identificado como J.S quien tras ser allanado, se presentó ante Asuntos Internos. Mientras tanto, las autoridades de la Comisaría 10º también fueron citadas por posibles cargos de encubrimiento y desobediencia judicial, aunque no fueron arrestadas.
Este escándalo de corrupción policial deja en evidencia una vez más los desafíos que enfrenta la ciudad en su lucha contra el narcotráfico y pone en la mira a sectores de las fuerzas de seguridad que deberían ser los primeros en defender la ley. La justicia continúa su curso, mientras la comunidad exige respuestas.
