Es por la demora e inacción en la causa Federal de Ponce de León
El fiscal de la causa, que investiga la muerte del obispo en 1977, presentó un recurso legal ante la falta de avances en el caso y acusó al juez de dilatar el proceso judicial.
La causa por el posible asesinato del obispo Carlos Ponce de León, ocurrido en 1977, ha vuelto a poner en evidencia las demoras en el sistema judicial argentino. El fiscal federal a cargo de la investigación presentó un recurso legal el pasado 10 de febrero contra el juez federal Marcelo Bailaque, a quien acusa de inacción y dilaciones. En el centro del reclamo se encuentra la falta de avances en el expediente, a pesar de que en julio de 2024 el fiscal solicitó la indagatoria de cinco personas imputadas por el homicidio del obispo.
Ponce de León, conocido por su firme postura en contra de la dictadura cívico-militar, murió el 11 de julio de 1977 en un accidente de tránsito que, tras un análisis judicial posterior, fue considerado como un homicidio agravado. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia dictada en 1978, que había considerado su muerte como un accidente. Con este fallo, la causa por su asesinato tomó nuevo impulso y, en ese contexto, el fiscal solicitó la indagatoria de tres exmilitares y dos civiles involucrados en los hechos. Sin embargo, ocho meses después de esa solicitud, no se ha producido ninguna acción judicial significativa.
El juez Bailaque justificó la demora al citar un exhorto enviado al Vaticano, pero la Fiscalía cuestiona esta explicación, ya que la solicitud de indagatoria se presentó tres meses antes de que se realizara dicha consulta. Esta falta de acción judicial ha sido interpretada como un retardo en el curso de la justicia, lo que podría dar lugar a la “impunidad biológica”, un fenómeno que ocurre cuando los acusados fallecen o se incapacitan antes de enfrentar un juicio.
El fiscal, respaldado por la querella presentada por la sobrina del obispo asesinado, considera que la causa debería ser tratada como un delito de lesa humanidad, lo que agravaría la situación de impunidad y obligaría a la justicia a actuar sin más dilaciones. En este contexto, la Iglesia católica ha expresado su apoyo a la investigación y, en 2024, creó una comisión especial para investigar la vida y obra de Ponce de León, con la esperanza de que la justicia logre esclarecer los hechos ocurridos hace casi 50 años.
Mientras tanto, la familia y los allegados al obispo siguen luchando por la justicia y exigen que se esclarezca su muerte, un hecho que permanece impune y que sigue siendo un símbolo de la represión durante la dictadura. A medida que pasan los años, la presión por resolver la causa crece, y la sociedad argentina continúa esperando que la justicia finalmente actúe.
