Se trata del ex comisario de la Policía Federal, Guillermo Gallo y el empresario Juan Suris
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de varios implicados en un caso de sobornos que involucra al exjefe de la Policía Federal en Santa Fe, Guillermo Gabriel Gallo, y al empresario condenado Juan Ignacio Suris. El procesamiento también afecta a otros dos ex agentes de la policía y una mujer acusada de llevar el dinero para concretar el cohecho.
Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, cuando Suris, condenado por comercio de estupefacientes y asociación ilícita fiscal, estaba cumpliendo su pena en la sede de la Policía Federal en Santa Fe. Según la investigación, el empresario pagaba coimas al subcomisario Leonardo Benítez para obtener beneficios en su detención, como el acceso a visitas y la posibilidad de moverse libremente por las instalaciones. El dinero, entregado directamente o a través de una “socia” de Suris, se utilizaba para compras de alimentos y bebidas, que incluían carne, vino y gaseosas.
El trabajo conjunto entre fiscales y la investigación policial permitió documentar los pagos y los registros en los libros de novedades de la delegación policial. Estos pagos, que sumaron importantes montos, fueron utilizados para sustentar el delito de peculado contra los policías involucrados. La prueba más sólida surgió de los comprobantes de compras, como un ticket de $143,215 por alimentos, y las declaraciones de testigos que confirmaron la existencia de fajos de dinero sobre las mesas de trabajo de los oficiales.
La jueza Élida Isabel Vidal, quien lideró el fallo, subrayó que la evidencia era suficiente para confirmar que Suris había pagado para obtener un trato preferencial. Tanto Gallo como Benítez enfrentan cargos por cohecho pasivo y peculado, mientras que Suris fue procesado por cohecho activo, con embargos significativos sobre sus bienes.
Este caso revela una trama de corrupción y abuso de poder dentro de la Policía Federal de Santa Fe, en la que el trato preferencial y la falta de controles permitieron a un condenado disfrutar de privilegios indebidos a cambio de dinero. La confirmación de los procesamientos abre un camino hacia la justicia, pero también plantea interrogantes sobre la integridad del sistema penitenciario y la necesidad urgente de reformas.
