El ex fiscal de Rosario, fue llevado al banquillo de los acusados, marcando un giro en la lucha contra la impunidad de funcionarios públicos
En una jornada clave para la justicia rosarina, los fiscales Alejandro Benítez y Marcelo Nessier imputaron formalmente al ex fiscal Mariano Ríos Artacho por abuso de autoridad, lesiones leves dolosas y amenazas. La atribución delictiva tuvo lugar esta mañana en las instalaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario, tras una investigación que destapó varios hechos de conducta irregular durante el ejercicio de sus funciones.
Ríos Artacho, quien renunció a su cargo como fiscal en junio del año pasado, se encuentra en el centro de esta investigación que forma parte del Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General. Este plan tiene como objetivo prioritario la persecución de delitos cometidos por funcionarios públicos, y el caso del ex fiscal resalta la determinación de la justicia en hacer frente a los abusos de poder.
Según la acusación, uno de los hechos de abuso de autoridad ocurrió el 29 de noviembre de 2022, cuando Ríos Artacho, en su rol de fiscal adjunto, ordenó que un vehículo secuestrado en un allanamiento fuera entregado en calidad de depositario judicial a un comisario provincial. Lo alarmante de este acto es que el comisario era un amigo personal del ex fiscal, lo que implica que este vínculo estrecho influyó en una decisión ilegal. Los fiscales explicaron que Ríos Artacho, siendo consciente de su rol y de la legislación vigente, actuó de manera contraria a la normativa legal.
Por otro lado, los fiscales también le imputaron a Ríos Artacho dos hechos de violencia física y amenazas. El 14 de junio del año pasado, el ex fiscal se vio envuelto en una discusión con un hombre en el Casino City Center de Rosario. Tras el altercado, Ríos Artacho agredió físicamente a la víctima con golpes de puño y patadas y luego procedió a amenazarlo, lo que ha sido calificado como lesiones leves dolosas y amenazas.
Este caso pone nuevamente en evidencia la necesidad de reforzar los controles sobre los funcionarios públicos y la vigilancia de sus actos mientras estén en el ejercicio de sus cargos. La imputación contra un ex fiscal destaca la importancia de que los actores del sistema judicial sean los primeros en someterse a la ley, demostrando que la justicia es igual para todos, sin importar el cargo o el poder que ostenten.
Mientras avanza la investigación, la sociedad rosarina observa con atención el desarrollo del caso, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra los abusos de poder en las instituciones públicas.
