El presidente minimiza la violencia de género y pone en riesgo los avances legislativos que protegen a las mujeres y a las identidades LGBTIQ+

La violencia de género es un problema estructural que sigue golpeando a la sociedad argentina. En 2024, los femicidios –homicidios de mujeres perpetrados por hombres, motivados por odio o desprecio hacia el género femenino– representaron la principal causa de muertes violentas de mujeres y niñas, con 259 víctimas, es decir, una cada 33 horas. En solo 24 días de enero, ya son 20 las mujeres que han perdido la vida a manos de quienes consideran que tienen derecho sobre ellas, una cifra alarmante que refleja la gravedad de la situación.

En este contexto, las leyes que abordan la violencia de género son una herramienta fundamental en la lucha por la igualdad y la justicia. En 2012, la Argentina dio un paso histórico al aprobar la ley 26.791, que introdujo en el Código Penal agravantes a los homicidios cometidos por violencia de género. El artículo 80, por ejemplo, establece penas más severas para los homicidios perpetrados por hombres que matan a mujeres en un contexto de violencia machista, reconociendo el femicidio como una manifestación extrema de la discriminación y el control sobre las mujeres.

Sin embargo, el presidente Javier Milei ha sido claro al expresar su rechazo hacia el concepto de femicidio, cuestionando la existencia misma de esta categoría jurídica y sugiriendo que no se justifica una pena agravada en estos casos. Para Milei, la diferencia entre un homicidio común y un femicidio parecería no ser relevante, minimizando la violencia de género que mata a miles de mujeres en todo el país. Esta postura no solo ignora la realidad de la desigualdad estructural que padecen las mujeres y las identidades LGBTIQ+, sino que además pone en riesgo los avances legislativos que tanto costaron conseguir.

Desde la sanción de la ley, las feministas y la sociedad en su conjunto han luchado por visibilizar esta problemática y garantizar que los femicidios sean tratados como crímenes específicos, con penas más severas. Estos avances no solo han sido discutidos y aprobados en un debate democrático, sino que están amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscripto. En su artículo 75, inciso 23, nuestra Constitución establece la obligación del Estado de promover medidas de acción positiva para garantizar la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos humanos, especialmente en el caso de las mujeres y las personas LGBTIQ+.

La realidad es que las mujeres y las identidades LGBTIQ+ siguen siendo víctimas de una profunda desigualdad, tanto en el ámbito doméstico como en el público. El gobierno de Milei, al eliminar políticas públicas de protección y al fomentar discursos de odio, contribuye a agravar aún más esta vulnerabilidad. Su negación de los femicidios y la violencia de género no solo es una afrenta a las víctimas, sino un retroceso en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Violentar las leyes y la Constitución es un delito. Negar la violencia machista que mata a nuestras mujeres y niñas es un acto irresponsable que pone en peligro la vida de miles de personas. Desde las organizaciones feministas y sociales, como MUMALÁ (Mujeres de la Matria Latinoamericana), exigen que se respeten los derechos conquistados, que no se borren los avances legislativos, y que se garantice la protección de todas las mujeres y personas LGBTIQ+ en el país.