Se tratan de los ocho policías detenidos por mejicanear a un grupo de narcos

Ocho integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT), junto a tres familiares, fueron imputados por el delito de comercio de estupefacientes agravado. La investigación está vinculada a un allanamiento ilegal realizado en agosto de 2024, donde se sustrajo cocaína, dinero y armas.

El pasado 10 de enero de 2025, el fiscal federal Calvo amplió la imputación contra siete oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe, involucrados en un allanamiento ilegal realizado el 13 de agosto de 2024 en Rosario. La acusación, inicialmente centrada en delitos como robo, violación de domicilio y falsedad ideológica, se extiende ahora al comercio de estupefacientes agravado.

Durante el allanamiento en el barrio Azcuénaga, los policías, con violencia y amenazas, privaron de libertad a cinco personas, entre ellas dos menores, y robaron entre 12 y 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego y más de 50 mil dólares. El caso ha escalado, ya que, según los fiscales, los oficiales no solo sustrajeron la droga, sino que también participaron en su comercialización, en complicidad con familiares.

A raíz de los peritajes realizados a los teléfonos celulares de los implicados, se descubrió que los policías trasladaron parte de la cocaína a la ciudad de Santa Fe, donde fue distribuida y vendida. Por esta razón, los fiscales decidieron imputar a los policías por “comercio de material estupefaciente doblemente agravado”, un delito que involucra tanto la condición de funcionarios públicos como la participación de más de tres personas en una organización criminal.

En la misma audiencia, imputaron a Miriam Alejandra Gallegos, pareja del oficial Guillermo David Toledo y a sus dos cuñados, Guillermo Jonás y Leonardo Manuel Gallegos, por comercializar la droga robada. Los tres fueron detenidos en allanamientos realizados en las ciudades de Rosario y Santa Fe el 9 de enero de 2025. Tras las acusaciones, el juez Carlos Vera Barros dispuso la prisión preventiva de los tres familiares, por un período de 90 días.

El fiscal Calvo destacó que este caso se enmarca dentro de un “procedimiento complejo”, lo que permite la ampliación de los plazos de investigación, dada la magnitud y las ramificaciones del crimen organizado en el que están involucrados los acusados. Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles cómplices y esclarecer los detalles de la operación ilícita.

Este caso pone de relieve la gravedad de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, donde la implicación de oficiales en delitos tan graves como el narcotráfico desafía la confianza pública.