Asociación ilícita, juego clandestino y homicidio calificado en rosario

En una jornada clave para la justicia rosarina, el Tribunal de Primera Instancia integrado por los jueces Lorena Aronne, Aldo Bilbao Benítez y Hebe Marcogliese, emitió su veredicto en un caso de gran repercusión que involucró a varias personas acusadas de formar parte de una red delictiva dedicada a múltiples actividades ilícitas.

El principal condenado fue Yalil Roberto Azum, de 47 años, quien recibió una pena de 28 años de prisión tras la unificación de una condena anterior con una nueva sentencia. Azum fue hallado culpable de delitos como asociación ilícita, juego clandestino, encubrimiento agravado y usura. Sin embargo, fue absuelto por el delito de homicidio calificado en un juicio que se había relacionado con el caso de la muerte de Lorena Ojeda.

Por su parte, Alejandro Sharif Azum, hermano de Yalil, fue condenado a 14 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y juego clandestino. Mientras tanto, Marina Mabel García y Lisandro Gustavo Scalcione también fueron sentenciados, recibiendo penas de 7 años y 10 años de prisión, respectivamente, por su vinculación con la organización criminal y sus roles en el juego clandestino y la usura.

Otro de los condenados, Maximiliano Rodrigo Fabián González de Gaetano, de 56 años, recibió una pena de 10 años y 6 meses por su participación en los mismos delitos.

El Caso del Homicidio

El juicio también trató el homicidio de Lorena Ojeda, ocurrido el 16 de diciembre de 2016, un crimen que resultó estar vinculado a una trama de encubrimiento y manipulación judicial orquestada por miembros de la misma organización. Los fiscales detallaron cómo los hermanos Azum colaboraron en la ejecución del homicidio, que fue encargado por Ariel Segovia, quien se encontraba detenido en prisión.

Según los fiscales, la motivación del crimen fue evitar que la hermana de la víctima, Brisa Ojeda, participara en una rueda de reconocimiento que podría haber perjudicado a Segovia en la investigación de otro homicidio. Durante las semanas previas al asesinato, los acusados utilizaron vehículos y contactos para garantizar que la rueda de reconocimiento no se llevara a cabo, e incluso organizaron una amenaza para intimidar a las víctimas.

El asesinato de Lorena Ojeda, realizado con la participación de al menos seis personas, fue descrito como un acto premeditado, ejecutado con gran violencia. Los fiscales afirmaron que este homicidio tenía la finalidad de encubrir otros crímenes de la organización y proteger a Segovia.

A pesar de las evidencias y los testimonios que implicaban directamente a los Azum, el tribunal decidió absolver a Yalil Azum del cargo de homicidio calificado, debido a la duda razonable sobre su grado de participación. Sin embargo, el veredicto destacó la colaboración activa de ambos hermanos en la trama criminal.

La Red de Encubrimiento

El caso también incluyó acusaciones de encubrimiento relacionadas con los homicidios y la evasión de la justicia. Roberto Azum, padre de los condenados, fue señalado por haber facilitado la fuga de Emiliano Azum, quien estaba prófugo de la justicia tras el homicidio de Jonatan Funes en 2018. La investigación reveló cómo Yalil Azum organizó su ocultamiento, brindándole alojamiento y contactos para mantener su red de negocios ilícitos durante su huida.

Otro de los implicados, Lisandro Scalione, fue acusado de colaborar en la misma fuga, ayudando a Emiliano Azum a eludir la investigación penal, facilitando su refugio en Córdoba y coordinando las comunicaciones con su grupo criminal.

Una red delictiva que opera desde hace años: juego clandestino, usura y asociación ilícita

El caso de los acusados, como Yalil Azum, Lisandro Scalione y otros involucrados, revela un sistema de operaciones que involucró plataformas de juegos de azar en línea sin la debida autorización. Estas plataformas, operadas desde mediados de 2021, fueron utilizadas de manera ilegal hasta que las autoridades detectaron la falta de registro ante los organismos oficiales. La investigación descubrió que tres plataformas de juegos, que operaban entre junio y agosto de 2021, no estaban registradas en la lista oficial de entidades autorizadas, lo que constituye un delito de explotación ilegal de juegos de azar.

Los principales actores dentro de la organización, los hermanos Azum y Maximiliano González de Gaetano, eran responsables de la inversión de los capitales y el reparto de las ganancias. Lisandro Scalione jugaba un papel fundamental como organizador, coordinando la operación y supervisando el manejo de los créditos para los juegos y la administración de los reportes. A su vez, Nicolás G. era el encargado de gestionar el saldo de los agentes que operaban bajo las plataformas ilegales.

A la par de este negocio, la organización también se dedicaba a la usura. Desde al menos 2012, Yalil Aazum y su entorno habían estado ofreciendo préstamos con tasas de interés extremadamente altas, que oscilaban entre el 25% y el 50% mensual. Estos préstamos se gestionaban a través de una red de cobradores que se encargaban de recolectar el dinero de los clientes. La documentación revelada por la investigación muestra que los préstamos eran ofrecidos principalmente a través de la aplicación WhatsApp, donde los interesados enviaban documentos como fotocopias de DNI y recibos de sueldo para acceder al crédito.

Además, la asociación ilícita liderada por Azum también se dedicaba al blanqueo de dinero mediante la compra y venta de inmuebles, vehículos y una flota de taxis, operando con recursos ilícitos provenientes de actividades como el narcotráfico. La complejidad de la red se intensificó por las relaciones de los miembros con ciertos sectores del poder, lo que les otorgaba protección y facilitaba su operación.

Entre los implicados, varios ya cuentan con condenas previas por delitos como homicidios, tráfico de estupefacientes y otros crímenes graves. En noviembre de 2024, se dictaron sentencias que incluyeron penas de prisión por tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego, lo que refleja el alcance de las actividades delictivas de esta organización.

Este caso es un claro ejemplo de cómo las bandas criminales logran establecer redes complejas y diversificadas, que se perpetúan gracias a la corrupción y la falta de control efectivo. La justicia sigue su curso, pero la organización sigue siendo un desafío para las autoridades locales y nacionales.