Pablo Javkin anunció la intervención del corralón municipal tras detectar una serie de irregularidades y presuntos delitos relacionados con la comercialización ilegal de vehículos
La investigación, que involucra a funcionarios y gestores, podría implicar una red de corrupción y lavado de activos. Este jueves, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dio a conocer las medidas tomadas tras una serie de irregularidades detectadas en el corralón municipal, donde se guardan los vehículos secuestrados por distintas infracciones. Según el mandatario local, una investigación de la agencia antilavado de activos destapó un entramado ilegal que involucraba la manipulación de vehículos destinados a la compactación.
“Descubrimos que se hacían figurar como compactados vehículos que, en realidad, no lo eran. Se incluían en listas de vehículos compactados, pero no se procedía a la compactación. En cambio, los autos y motos se apilaban como en una concesionaria, separados, en condiciones de ser vendidos”, explicó Javkin
El intendente firmó un decreto de intervención inmediata del corralón y separó a los funcionarios implicados, iniciando una denuncia penal por asociación ilícita y otros delitos. “Vamos a ir hasta el final del asunto. Queremos separar, denunciar y expulsar a cualquiera que haya sido parte de esto”, sentenció Javkin. La intervención se originó a partir de un decreto firmado el 13 de agosto de este año, que facultó a la agencia antilavado a revisar los vehículos que iban a ser compactados, especialmente aquellos con menos de cinco años de antigüedad o clasificados como “alta gama” por la AFIP.
Este procedimiento detectó vehículos de alto valor, como una Toyota Hilux 2017 y un Renault Sandero 2019, que habían sido enviados al corralón sin que nadie los reclamara. “Era raro que nadie reclamara vehículos de ese tipo. Decidimos investigar más a fondo y comenzamos a descubrir irregularidades”, comentó Javkin.
La investigación dio un giro a comienzos de septiembre, cuando una persona se presentó denunciando que había adquirido un Chevrolet Cruze que nunca le fue entregado. La denuncia llevó a descubrir que una red de gestores y empleados del corralón estaban comercializando vehículos que supuestamente iban a ser compactados, pero que en realidad eran liberados de multas y vendidos de manera ilegal, con los papeles adulterados.
En respuesta a estas denuncias, la administración municipal intervino el corralón, separando a los implicados y preservando toda la documentación relevante para la investigación. “Inmediatamente, iniciamos la investigación administrativa y, paralelamente, presentamos la denuncia penal”, explicó Javkin.
Durante la intervención, se detectaron 69 inconsistencias en los registros de vehículos y se encontraron vehículos que figuraban como compactados pero que, físicamente, seguían en el corralón. Entre ellos, se hallaron un auto y cuatro motos de alta cilindrada.
A raíz de estas revelaciones, se iniciaron dos sumarios administrativos contra los responsables directos, incluido el ex juez de faltas y director de tránsito, Henry Fabbro. Además, se trasladó la dependencia del corralón a la Secretaría de Control, y se separó a todos los posibles involucrados. La denuncia penal, que abarca delitos como falsificación de documentos, defraudación y asociación ilícita, está en manos de la fiscal Guillermina Aiello, quien lleva adelante la investigación. El caso sigue abierto, y las autoridades esperan que los avances en la causa arrojen nuevas implicancias jurídicas y penales.
