Agentes de la Policía de Santa Fe fueron imputados por privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, robo, violación de domicilio, y otros cargos, tras un operativo de abuso de poder que incluyó amenazas y alteración de pruebas
Este viernes se llevó a cabo una audiencia imputativa en la que cuatro policías fueron formalmente acusados de múltiples delitos graves. Lucas Xavier Brest (33), Bernardino Fernández (25), Julián Oscar Márquez (27) y Matías Nicolás Ovando (29) fueron imputados por privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, robo agravado, violación de domicilio, portación ilegal de armas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos, todos en concurso real. La jueza Paula Álvarez dictó prisión preventiva efectiva por un plazo de seis meses para los cuatro imputados.
La acusación, presentada por la Fiscalía, detalla un conjunto de hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2024, alrededor de las 9.15, en la intersección de Esmeralda e Ituzaingó en Rosario. Según la Fiscalía, los agentes, quienes pertenecen a la Brigada Motorizada de la URII, interceptaron a un hombre en la vía pública, alegando la necesidad de verificar su identidad y la documentación de la motocicleta que conducía. Tras comprobar que no existían pedidos de captura ni irregularidades con el vehículo, decidieron retener al hombre de manera ilegal, amenazarlo y sustraerle su teléfono celular.
El hombre fue posteriormente coaccionado para dirigirse al domicilio de un familiar en Esmeralda 2000. Allí, los policías irrumpieron sin autorización, agredieron a los presentes, y requisaron el lugar de manera ilegal, llevándose $70,000 y un celular. Las víctimas fueron filmadas durante el allanamiento, lo que motivó que los imputados sustrajeran el dispositivo para evitar que las grabaciones fueran utilizadas como evidencia.
El relato de los hechos no terminó allí. Tras la fuga de la víctima, quien logró escapar por el balcón del tercer piso y saltó a los techos, los agentes procedieron a buscarlo en diferentes domicilios sin autorización judicial. Finalmente, a las 10:40, el hombre fue detenido en una vivienda de Berutti 1900, donde también se cometieron robos y agresiones físicas.
Además de estos delitos, los agentes imputados colocaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 en la escena del crimen, inventando luego una versión sobre su hallazgo en los techos de una vivienda en la calle Pasco 100 bis, en un intento de encubrir sus actos.
El proceso judicial también puso de manifiesto graves alteraciones en las pruebas. Las actas de los procedimientos fueron manipuladas y se insertaron detalles falsos para justificar las acciones ilegales de los policías. Entre las falsedades, se incluye la declaración falsa de que las víctimas habían dado su consentimiento para los allanamientos, la invención del hallazgo de un celular, y la colocación del arma en la escena para hacerla parecer como si fuera un descubrimiento legítimo.
El caso ha generado gran conmoción, ya que involucra a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, en lugar de proteger a los ciudadanos, abusaron de su poder para cometer delitos. Las investigaciones continúan, y la situación ha puesto en evidencia serias irregularidades dentro de la fuerza policial. La Fiscalía buscará esclarecer todos los detalles de esta operación ilícita y castigar a los responsables de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos.
