Este martes la medida fue llevada adelante, tras la imposición judicial

Tras una importante audiencia en la que se dispuso la inactivación de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Rosario, en el marco de una investigación sobre microtráfico de drogas. La medida fue solicitada por el fiscal Dr. Giro, de la Unidad de Flagrancia, se resolvió a favor de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, liderada por el fiscal Dr. Franco Carbone.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó que se aplicara el cese de estado antijurídico sobre los inmuebles ubicados en calle Oria al 4000 y en calle Bello al 3900, en Rosario. El pedido fue formalmente aceptado por el juez de primera instancia, Dr. Fernández Bussy, quien dictó la orden de inactivación de ambas propiedades, en el marco de los artículos 205 y 207 del Código Procesal Penal (C.P.P).

La medida busca evitar que estos domicilios continúen siendo utilizados para actividades ilícitas, en particular para la venta de estupefacientes. El fiscal y el juez consideraron que era necesario interrumpir el uso de estos lugares como puntos de comercialización de drogas, lo cual había sido confirmado por diversas tareas investigativas realizadas previamente.

La investigación por microtráfico

El caso se enmarca en una investigación iniciada por el equipo de trabajo sobre microtráfico, bajo la supervisión del fiscal Dr. Franco Carbone. A través de diversas medidas, como registros fílmicos, informes ambientales y allanamientos, las autoridades lograron recabar pruebas que vinculaban a los mencionados domicilios con actividades de venta de drogas. Durante los allanamientos realizados el 26 de agosto y el 22 de noviembre de 2024, se incautaron importantes evidencias, como material estupefaciente, teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la causa.

El equipo de la Policía de Investigaciones, en colaboración con la Fiscalía, llevó a cabo un exhaustivo trabajo de seguimiento y monitoreo de los inmuebles, lo que permitió constatar que se utilizaban para la comercialización de sustancias ilegales. Con esta nueva resolución judicial, se busca que estos lugares no sean utilizados nuevamente para cometer hechos ilícitos.

Cierre de la medida y seguimiento judicial

El juez Dr. Fernández Bussy autorizó la ejecución de la inactivación mediante el uso de la fuerza pública, de ser necesario, pero siempre de manera mínima e indispensable, con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida sin causar perjuicios adicionales. Además, se estableció que el monitoreo y seguimiento de la inactivación de los inmuebles será realizado periódicamente por la Fiscalía o la autoridad designada, conforme lo establece el artículo 207 del C.P.P.

Esta resolución marca un avance significativo en la lucha contra el microtráfico de drogas en la ciudad de Rosario, buscando desmantelar puntos de venta de estupefacientes y evitando que sigan siendo utilizados para actividades delictivas. La intervención de la Justicia y la Fiscalía demuestra el compromiso con la seguridad pública y el combate al crimen organizado en la región.