En una audiencia multipropósito celebrada en Rosario, se formalizó la investigación contra el juez federal Marcelo Bailaque, acusado de complicidad en casos de narcotráfico y lavado de dinero

El magistrado, junto a otros imputados, es señalado por presuntas irregularidades en causas clave vinculadas a la economía ilícita y el crimen organizado. El juez federal Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, fue formalmente imputado en una audiencia multipropósito por su presunta complicidad en tres complejos casos judiciales relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Durante la audiencia, celebrada entre el 21 y 22 de noviembre, los fiscales presentaron pruebas preliminares que podrían implicar al magistrado en diversas irregularidades vinculadas a su desempeño judicial.

En una de las investigaciones, dos contadores fueron acusados de facilitar el lavado de dinero al firmar balances falsificados de empresas vinculadas a Esteban Alvarado, un narcotraficante condenado. Se sospecha que Bailaque tenía una relación cercana con uno de estos contadores, lo que habría influido en su decisión de no excusarse en casos donde se investigaba a Alvarado, a pesar de los vínculos profesionales y personales. El fiscal a cargo solicitó medidas probatorias, como la obtención de registros de llamadas y la apertura de secretos fiscales y bancarios para profundizar en la investigación.

Por otro lado, Bailaque también está siendo investigado por su papel en el desbloqueo de fondos de una cooperativa, favoreciendo a un amigo personal, el financista Fernando W. Según la fiscalía, el juez liberó fondos inmovilizados por más de mil millones de pesos a favor de la financiera, lo que fue señalado como un claro conflicto de intereses. La Cámara Federal de Apelaciones intervino en el caso y apartó al juez tras reconocer su vinculación personal con este empresario, quien resultó beneficiado por las decisiones de Bailaque.

Además, presentaron una tercera causa por presuntos delitos funcionales, donde Bailaque es acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En este caso, el juez habría favorecido a empresarios investigados por lavado de activos, tomando decisiones judiciales sin la debida intervención fiscal.

En el tramo final de la audiencia, el abogado defensor del ex agente de la AFIP, Paul Krupnik, solicitó el apartamiento del juez Rodríguez Da Cruz ante su posible parcialidad ya que, según argumentó, participó del tribunal oral que juzgó a Alvarado por lavado de activos. Tras estas exposiciones, Rodríguez Da Cruz pasó ayer a un cuarto intermedio. Al retomar hoy la audiencia, informó a las partes que, luego de una profunda evaluación de su participación en el debate que mencionó el defensor, y tras citar normativa y jurisprudencia, no había hallado elementos para apartarse como juez de garantías del procedimiento.

La investigación continúa en curso, y el fiscal encargado solicitó la extensión del plazo para seguir recolectando pruebas y esclarecer las acusaciones contra el juez y otros implicados. El caso resalta las crecientes preocupaciones sobre la corrupción en el ámbito judicial y la necesidad de garantizar la independencia y transparencia en los procesos judiciales, especialmente en causas vinculadas al narcotráfico y la economía ilícita.