Funcionarios de ARCA y la PROCELAC realizan el procedimiento
El allanamiento en el despacho del juez federal Marcelo Bailaque es solo la punta del iceberg de una investigación que involucra a funcionarios de la ex AFIP, Aduana y la Hidrovía. El operativo, abarca varias provincias, está vinculado a presuntos casos de evasión impositiva, contrabando y extorsión a empresarios y surge a partir de escuchas telefónicas y denuncias de corrupción.
Este jueves, un operativo conjunto de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), la Fiscalía Federal y Gendarmería Nacional sorprendió a los Tribunales Federales con el allanamiento en el despacho del juez federal Marcelo Bailaque. El magistrado, quien había sido investigado por su aparente demora en el avance de la Causa Alvarado y sus presuntos vínculos con el contador Gustavo Mizzau, es ahora objeto de una investigación más amplia que no solo involucra su actuación en ese caso, sino también una red de corrupción y extorsión que afecta a funcionarios de la ex AFIP, Aduana y la Hidrovía.
El operativo se expandió más allá del juzgado de Bailaque y alcanzó oficinas de la AFIP y de la Aduana en diversas ciudades del país, incluidas Santa Fe y Rosario. A través de escuchas telefónicas y denuncias anónimas, se habría identificado a varios funcionarios que presuntamente operaban como intermediarios entre empresarios y autoridades judiciales, exigiendo pagos a cambio de “favores” que incluían desde la evasión de impuestos hasta la liberación de cargamentos de contrabando.
Además de Bailaque, los allanamientos se realizaron sobre los despachos de cinco funcionarios, entre ellos jefes regionales de la Aduana. Según fuentes cercanas a la investigación, las operaciones no solo estaban dirigidas a la evasión fiscal, sino también a extorsionar a empresarios, forzándolos a pagar sobornos para evitar consecuencias graves, como la incautación de mercadería o denuncias penales por contrabando.
Este caso se vincula, además, con la investigación sobre el ex juez federal de Mendoza, Walter Bento, quien fue destituido el año pasado tras ser señalado por su complicidad en redes de corrupción judicial. La investigación sobre Bailaque, aunque inicialmente no está relacionada con la causa Alvarado, parece ser solo una parte de una trama más amplia de corrupción que involucra a funcionarios judiciales, fiscales y empleados de la administración pública.
El escándalo desatado por el operativo en el despacho de Bailaque pone de relieve una preocupante red de corrupción que operaba desde las entrañas de las instituciones judiciales y fiscales del país. La investigación no solo busca esclarecer las irregularidades en la causa Alvarado, sino también desmantelar una compleja trama de extorsión, evasión impositiva y contrabando que involucra a funcionarios de alto rango. Mientras la justicia avanza, el caso podría derivar en nuevas revelaciones que comprometan a otros actores clave del sistema. La lucha contra la corrupción parece haber dado un paso importante, pero aún queda mucho por descubrir.
