Se trata de una denuncia formulada por una asociación civil ambiental de la ciudad de Rosario.
A través de su apoderado legal se ha presentado una denuncia penal por presunta contaminación ambiental y venta clandestina de residuos peligrosos y chatarra generados por la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El abogado TOMÁS FINATTI, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en turno de Rosario, solicitando la investigación de una serie de hechos que podrían constituir delitos ambientales. La denuncia involucra a la empresa IDM, con sede en San Lorenzo, en un presunto esquema de vertido ilegal de residuos tóxicos y la venta clandestina de chatarra obtenida de la EPE.
Según la información aportada en la denuncia, IDM habría recibido un millonario contrato a través del anterior subdirector de la EPE, el ingeniero Joaquín Blanco, para la destrucción de material de rezago generado por la empresa estatal. Este acuerdo, según la Asociación, incluía la entrega de los residuos a IDM para su tratamiento y disposición final, por lo cual debían emitirse los correspondientes certificados de disposición. Recordemos que el ingeniero Joaquín Blanco se vio obligado a renunciar a su cargo luego que fuera involucrado en el escándalo del Vacunatorio Vip ocurrido en la localidad de Granadero Baigorria durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti.
De acuerdo con la información recibida por la asociación ambiental, la empresa IDM no habría cumplido con el tratamiento adecuado de los residuos. En lugar de ello, se acusa a la compañía de verter ilegalmente grandes cantidades de materiales tóxicos, como plomo, aceite, ácidos y partículas de cables, en una cava de la ciudad de Rosario que se precisa en la denuncia generando un serio riesgo de contaminación para el aire y las napas subterráneas de la zona y afectando la salud de miles de rosarinos.
Además, se señala que IDM estaría comercializando ilegalmente materiales como cobre, bronce y aluminio extraídos del rezago de la EPE a diferentes chatarreros de Rosario y el resto del país, sin control ni trazabilidad ni facturación legal.
La Asociación Civil Sentido Ambiental ha solicitado que se realicen de inmediato medidas investigativas, incluyendo la inspección del predio señalado, a fin de verificar la presencia de los residuos peligrosos. Asimismo, pidieron investigar si la empresa IDM mantiene vínculos comerciales actuales con la EPE y el control que se realiza sobre el material entregado.
El fiscal a cargo deberá ahora determinar si se configura un delito ambiental y si existen responsabilidades penales vinculadas al presunto incumplimiento en la gestión de residuos por parte de la empresa IDM y sus responsables. La causa está en manos de las autoridades judiciales que, tras una posible corroboración de los hechos, determinarán las acciones legales correspondientes.
Este caso pone de relieve la importancia de controlar de manera efectiva los residuos tóxicos y peligrosos generados por las empresas públicas y privadas, y la necesidad de aplicar sanciones contundentes en caso de que se confirme la contaminación ambiental
