Manipulaba a un empresario local, exigiéndole el pago de 50 millones de pesos
Un joven de 30 años fue detenido en Arequito días atrás y ayer fue imputado por extorsionar a un empresario de Villa Gobernador Gálvez, a quien exigía 50 millones de pesos a cambio de “protección“. Su cómplice, un conocido de la víctima, le facilitó información para llevar a cabo la misma.
La investigación de una compleja trama de extorsión culminó con la detención de Joel Rearte, un hombre de 30 años con antecedentes penales, y la imputación de Enzo González de 20 años. Ambos fueron acusados de exigir 50 millones de pesos a un empresario de Villa Gobernador Gálvez a cambio de “protección”.
Todo comenzó a mediados de agosto cuando González, hijo de un ex empleado de la víctima, se puso en contacto con el hijo del empresario a través de Instagram. Durante esta conversación, logró obtener el número de Whatsapp de su objetivo, lo que le permitió a Rearte iniciar una campaña de extorsión.
A través de llamadas y mensajes amenazantes, Rearte exigió el pago de una millonaria suma de dinero, utilizando un lenguaje intimidatorio y haciendo referencia a supuestas acciones violentas en caso de no recibir el dinero. Además, el extorsionador demostraba un conocimiento detallado de la vida de la víctima, lo que aumentaba la credibilidad de sus amenazas.
Gracias a las escuchas telefónicas y a un arduo trabajo de investigación, la policía logró identificar a Rearte como el autor de las extorsiones. El joven fue detenido en Arequito mientras planeaba cometer una entradera en la vivienda de una anciana, un hecho que quedó registrado en sus conversaciones telefónicas.
Según el fiscal Federico Rébola, Rearte se encargaba de realizar las llamadas extorsivas, mientras que González proporcionaba la información personal de la víctima, lo que le permitía a su cómplice aumentar la intimidación.
La detención de Rearte y González representa un duro golpe para las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión. La investigación de este caso demuestra la importancia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para desarticular estas redes delictivas y proteger a las víctimas.
