Culminó el juicio por balaceras al Poder Judicial y Ariel Máximo “Guille” Cantero sumó una condena a 22 años, pena que se le unificó en 28 años por una sentencia firme que ya tenía. Junto con él, quienes sumaron altas penas fueron Matías César, a 20; Lucía Uberti, también a 20 y Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado a 12, monto que fue unificado a 33 por otra sentencia previa.

En un Centro de Justicia Penal (CJP) sitiado por fuerzas federales, la presencia de la tanqueta china de la Policía Federal y medios porteños, el tribunal integrado por Hebe Marcogliese, Pablo Pinto y Rafael Coria dio a conocer este jueves el fallo condenatorio a la célula de la banda Los Monos que entre mayo y agosto de 2018 perpetró 12 ataques a sedes judiciales y magistrados relacionados con las condenas de la famosa megacausa Monos de ese año. En la sala también estuvieron presentes los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Gastón Ávila y Aníbal Vescovo y los defensores de los acusados.

El debate había comenzado el 19 de agosto; la noche anterior al inicio, desde una moto dispararon siete disparos al CJP, ataque que obligó a reforzar la custodia.

Los jueces resolvieron condenar a Guille a 22 años de prisión por 7 hechos en carácter de instigador. Entre ellos dos domicilios vinculados con el juez Ismael Manfrín y cuatro a su par Usandizaga, además de una balacera al CJP. La pena se unificó con una condena previa 6 años y 8 meses por coaccionar a otro juez, Edgardo Fertitta, por lo que el total fue de 28 años y 8 meses.

En total, Guille acumula 84 años de cárcel en siete sentencias diferentes, sólo una de ellas cumplida, y el resto aún no está firme. Además el líder de los Monos se encuentra imputado en una causa por extorciones y, en el fuero federal, se encuentra procesado en la causa “Septiembre Blanco”, en la que se prevé firmará un acuerdo abreviado. 

Matías “Pino” César fue condenado por 9 ataques armados a 20 años. Lucía Uberti recibió la misma sanción penal y el tribunal le denegó el pedido de prisión domiciliaria.

Teletubi Delgado fue condenado como instigador por cuatro de los hechos a 12 años y medio, esa pena se unificó con los 21 años dictados en la causa del triple crimen de Villa Moreno a un total de 33 años y medio de cárcel. Además fue declarado reincidente.

Leandro Daniel “Chulo” Olivera fue condenado por tres hechos como partícipe primario. Le impusieron una sanción de 11 años de prisión. Para Damián “Tito” Chávez la pena fue de 7 años por la granada de gas lacrimógeno arrojada en Lamadrid 550, la sede de la ex PDI. Por último Leonel Alejandro Fernández fue condenado por la balacera la sede de la fiscalía de Montevideo al 1900, a 8 años.

En la introducción del fallo, la jueza Marcogliese detalló que la violencia en Rosario “parece no tener freno” y que espera que este juicio sea “un punto de inflexión”.

A continuación un extracto de lo expuesto el Tribunal:

Los hechos objeto de este juicio no reconocen precedente en nuestro país. En un lapso de cerca de 90 días se llevaron adelante doce ataques con armas de fuego. Ataques que no tuvieron como objetivo principal a personas, sino a las instituciones que estas personas representan como integrantes de un poder del estado, y de ahí lo paradigmático. Un poder el de la violencia y el miedo confrontando, desafiando y negando el poder del Estado, que no es otro que el de la sociedad en su conjunto.

Los jueces penales, así como todos los actores que integran este sistema, comprendemos que el fenómeno no se restringe a un problema de seguridad que pueda ser resuelto en un Tribunal. No depende de la cantidad de personas detenidas, ni de los kilogramos de drogas secuestrada, ni del monto de las penas que se impongan, que en muchos casos no impide la comisión de nuevos delitos. Aspiramos a que éste sea un punto de inflexión; un hito a partir del cual se ponga un freno definitivo a las organizaciones que ponen en vilo a las instituciones democráticas.

Es que la multicausalidad, magnitud y complejidad de esta problemática exige de una vez un abordaje prioritario, a través de políticas públicas comprometidas, que superen el ámbito de la incidencia delictiva, que se nutran de información y planificación, que garanticen los recursos necesarios para su ejecución y sobre todo que trasciendan a los gobiernos y a las gestiones. Y para ello es necesario el compromiso de todos los Poderes y niveles del Estado, de la sociedad intermedia y de la ciudadanía en su conjunto.

Que, entre otras estrategias, se ofrezca a los jóvenes un futuro atractivo al cual es posible llegar a partir del estudio, la capacitación y el trabajo, evitando de esta forma que sean cooptados como moneda de fácil intercambio por estas organizaciones. En definitiva, esperamos que las respuestas NO SE REDUZCAN AL SISTEMA PENAL, al castigo y al encierro, sino que también de una vez se ABORDEN desde la INCLUSION SOCIAL y desde la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Esa será la única manera de disminuir la violencia estructural y cultural que a todos nos castiga A TODOS, y que parece NO TENER FRENO.