El diputado provincial Maximiliano Pullaro, quien fuera ministro de Seguridad de Santa Fe cuando se cometieron atentados a blancos judiciales en 2018, declaró este martes en el juicio que se le sigue a Ariel “Guille” Cantero y a una célula de la banda los Monos. Allí expuso la zozobra que sembraron esos ataques en su gestión, la tensión generada entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y el aumento del gasto en materia de prevención que demandó la saga de intimidaciones.
“Sentíamos que no tenían una lógica. Cuando comenzó la seguidilla de balaceras estábamos en un momento de mucha confusión. No sabíamos a quién teníamos que proteger, ya que los ataques no tenían una lógica. Fue un momento de muchas tensión entre los poderes. Fueron momentos muy duros. Hasta que se dio con los responsables”, consideró el también candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio.
El ex titular de la cartera de Seguridad durante los cuatro años del mandato de Miguel Lifschitz (2015-2019) respondió las preguntas del fiscal Gastón Ávila y relató cómo vivió la saga de atentados mafiosos que sacudió la ciudad entre mayo y agosto de 2018, tras las altas condenas dictadas en la megacausa Monos por asociación ilícita.
“Fue un momento de máxima tensión; nosotros como parte del Ejecutivo sentíamos que se atentaba contra las instituciones democráticas. Teníamos muchísima preocupación desde el aspecto institucional. Y en segundo término temíamos por la vida de los jueces”, expuso el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR).
Pullaro hizo hincapié en que en su rol ejecutivo no estaba encargado de las investigaciones (que correspondían al Ministerio Público de la Acusación) pero sí de las medidas de prevención y custodia, que conllevaron un gasto millonario: entre 6 y 7 millones de pesos, calculó. La mayoría del monto, destinado a horas extra de personal policial.
“Se destinaron muchos recursos operativos, logísticos, y económicos: custodia en domicilios de magistrados en turnos de 8 horas. Hubo 20 domicilios con custodia, y custodia de traslado por parte de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Otros 15 domicilios recibieron custodias esporádicas. Ello se intentaba hacer con recursos extraordinarios. En ese momento teníamos 160 móviles en la calle. Y había 100 policías afectados a los operativos de prevención de atentados”, agregó.
Fueron meses de estrés y preocupación para el ex ministro. “La verdad que la pasamos muy mal, cada uno de las balaceras generaba muchísima tensión entre los poderes. Nos exigían que los cuidemos. Era un reclamo justo que hacía la Justicia. Pero el diálogo institucional estaba quebrado, porque no encontrábamos la punta del ovillo y no dábamos respuesta: los ataques eran tan esporádicos y sin ninguna lógica para preverlos”, señaló sobre los 14 atentados a domicilios de jueces, policías y sedes judiciales.
“Hubo muchos reclamos puntualmente hacia mi persona como ministro de Seguridad”, recordó. Y consideró que el objetivo de los autores de las balaceras era “quebrar las instituciones democráticas”.
