El juicio que tiene a Ariel “Guille” Cantero y a seis secuaces en el banquillo por la saga de ataques a balazos a blancos judiciales cerró su sexta jornada con declaraciones de personal policial y testigos de los doce atentados en debate. El tiroteo al Centro de Justicia Penal (CJP) el miércoles 18 de agosto, a pocas horas del inicio del proceso, el posterior operativo y la explosiva introducción de Guille –“contrato sicarios para tirar tiros a jueces”– concentraron la atención mediática. Las demás jornadas ofrecieron los testimonios de rigor de personal policial, peritos criminalísticos y vecinos o testigos de los hechos.
En ese sentido el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Miguel Moreno explicó a Rosario Alerta: “La prueba se viene incorporando conforme teníamos previsto. Entendemos que la materialidad de los hechos, que es lo que se está intentando acreditar hasta ahora, se produce de manera sólida”.
Y adelantó: “La semana que viene tenemos previsto incorporar pericias relacionadas con teléfonos que fueron secuestrados a los organizadores del grupo que protagonizó los ataques y ahí van a comenzar las atribuciones de autoría, es decir la relación entre los hechos y las personas imputadas”.
El teléfono
Respecto del allanamiento que sorprendió a Guille Cantero un pabellón de aislamiento en el penal de Marcos Paz por la investigación tiroteo reciente al CJP, el MPA difundió un video de ese procedimiento. Allí se puede ver al líder de los Monos en su celda, hasta donde llega el extenso cable de un teléfono fijo. La regularidad de ese aparato estuvo en el centro de la polémica.
“Lo que puede advertirse a partir de ese video es que el cable viene de afuera de la celda y son metros y metros y conexiones que llegan hasta la cama donde está el señor Cantero, prácticamente como una oficina privada con ese teléfono a disposición las 24 horas”, fue el planteo del fiscal del MPA Franco Carbone.
El funcionario expuso: “Para esta Fiscalía el hecho reviste mucha gravedad; dimos cuenta de la intervención formal anoticiando este hecho con apariencia delictiva, o al menos de tamaña irregularidad, a la Fiscalía federal con competencia en este complejo penitenciario de Marcos Paz”.
“Pedimos en el momento del allanamiento requerimientos al Ministerio de Justicia de la Nación, al SPF y al complejo de Marcos Paz a los efectos de que nos brinden normativa, reglamentos o algo que permita dilucidar que esa línea estaba ahí de manera correcta. Es decir si era legal esto que a nosotros nos había parecido una irregularidad. No estamos hablando de una línea telefónica pública en un pabellón que pueda permitir que los internos se comuniquen con el exterior”, cerró el investigador, a cargo de dilucidar el nuevo ataque al CJP.
