Este miércoles en la sede del ENACOM Rosario, debatieron sobre la Ley de Robo de Cables que está aprobada desde marzo y espera su reglamentación por parte del Ejecutivo
“El robo de cables afecta la conectividad, afecta el servicio eléctrico que es tan indispensable y el alumbrado público que tiene una enorme implicancia sobre la inseguridad. La provincia de Santa Fe y en especial la ciudad de Rosario se ha convertido en la capital del robo de cables. Por eso pedimos la urgente reglamentación de esta ley, que permitiría terminar con esas mafias que atentan contra servicios públicos esenciales, porque obliga a estos establecimientos a tener un registro donde deben establecer la procedencia del stock que tienen y que esté claramente registrada cada una de las operaciones de compra y venta y en el caso de que eso no suceda se clausure y se manden las actuaciones a la Fiscalía” Manifestó Oscar “Cachi” Martínez
“Uno de los grandes problemas de no tener una Ley vigente es la dificultad que existe hasta ahora por ausencia de herramientas legales de los Fiscales para ir contra las mafias que amparan la comisión de estos delitos. Al único que se puede castigar es al hurto famélico, flagrante, es decir al que encuentran robando medio metro de cable para venderlo. Pero toda la mafia, chacaritas, desarmaderos, chatarrerías que amparan y promueven el desarrollo de esta actividad delictiva no pueden ser atrapados por el accionar de la justicia. Por eso esta Ley establece un régimen para que aquellos que comercialicen estos cables deban declarar el origen, tengan que tener el número de documento y deben dejar sentado de donde surgen cada una de las piezas o que venden”, agregó.
Ante la consulta acerca de la demora en la Reglamentación de esta Ley que está aprobada por ambas Cámaras desde hace varios meses, Martínez respondió que “para las leyes que tienen que ver con los recursos se actúa rápidamente , para cuestiones de este interés sería bueno que actuemos con la misma celeridad . Quizás consideren que hay otras prioridades pero a mí me parece que la inseguridad y la violencia que atraviesa la provincia exige que los reclamos que venimos haciendo desde el Observatorio de Víctimas de Delitos deben movilizar al gobierno provincial, tanto para esta ley como para otras como la de Delivery Seguros en la cual el gobierno hizo un compromiso con ellos para ponerles un botón de pánico y un gps, como la necesidad de que se apruebe la prisión preventiva para quien porta o usa armas en la comisión de un delito, la prisión preventiva para quien viole una perimetral en caso de violencia familiar y de género, son temas que a mi entender hay que abordarlos ya, porque cuanto más nos demoremos, más santafesinos van a estar en peligro. Necesitamos leyes más duras y más eficientes contra la inseguridad”, finalizó Martínez.
