Tras la nota realizada por el colega Osvaldo Bazan, recibió una carta documento

El fin de semana el periodista, redactó un artículo en el portal elsol.com.ar el cual dejamos a continuación solidarizándonos con él

Pocas veces, cuando se habla del drama rosarino, se mira para acá, para el entramado policial/judicial/político. Los medios nacionales suelen no meterse en el berenjenal de nombres, hechos y relaciones del narco con las instituciones. Es rimbombante la balacera, no el encubrimiento de la legislatura, el palacio de justicia o los medios locales, sin cuya sombrilla nada de esto sería posible. Héroes son los periodistas santafesinos (algunos de ellos citados en esta nota) a quienes no les es nada fácil nombrar a políticos o funcionarios venales, por las más que promiscuas relaciones de éstos con los dueños de los medios.

Por eso, basado en las investigaciones de esos periodistas y en documentos públicos, en dos entregas, El Sol intentará contar al menos en parte, quién es quién en la ciudad de los pibes sin calma. 

Fue a trabajar como todos los días, el contador Enrique Encino gerente de la sucursal Las Parejas del Banco Nación, en la provincia de Santa Fe, ese lunes 6 de enero del ‘20. Semana nueva, mes nuevo, año nuevo, década nueva.

No podía saber que era su último lunes.

No podía saber que en ese mismo momento desde una cárcel, gente que no tenía ni idea de su existencia, estaba planificando su asesinato.

El preso Carlos “Toro” Escobar, integrante de la banda de Los Monos habla desde el penal de Ezeiza con Maximiliano “Cachete” Díaz, uno de los “gerentes” de la organización que estaba en libertad, en Rosario.

Toro: Escuchá, mañana el tema del ‘Ca’ lo hacen ustedes ¿o querés que lo hagamos?

Cachete: ¿El temita de qué?

Toro: Del Casino. Hablá y decí, vo’ hablá y deciles nomás que le manden curso. Ya tengo la motito.

El martes 7 Enrique Encino, en Las Parejas, pensó que ese fin de semana estaría bueno ir a probar suerte al Casino City Center en Rosario.

Probar suerte.

Las desgracias a veces tienen el desagradable sabor de las paradojas.

No podía saber que en ese mismo momento, en otra conversación, en otra cárcel, estaban escribiendo su destino.

Cachete Díaz volvía a hablar con alguien en un penal, esta vez Marcos Paz. Allí le contesta Guille Cantero, el líder de Los Monos. Cachete ya se había reunido con la gente en libertad del Toro y le pasa informe a Guille.

Cachete: Boludo, todo bien, ahí ya tipo 8 voy un ratito al City a ver qué onda.

Guille: Sí, fíjate bien, a ver si nos dan algo piola.

Cachete: Sí, boludo, ahí ya les dije a los guachos qué es lo que tienen que hacer, así que vamos a ver cómo sale.

El sábado a la tarde mientras Enrique Encino y su esposa recorren los 100 kilómetros que separan Las Parejas del City Center en Rosario, Cachete Díaz le consigue una moto y un arma a Otniel de León Almonte, “el dominicano” y a otro soldadito.

Las causas y los azares se mezclan, misteriosos.

A las 22.28 Enrique decide salir a fumar.

A las 22.29 enciende un cigarrillo en el balcón sobre la calle Moreno.

A las 22.30 el sicario Otniel de León Almonte pasa raudo en una moto y realiza seis disparos con un arma calibre 9 milímetros hacia el balcón.

Enrique Encino, cae.

Dos balas entraron en su cabeza.

Así quedaba sellada la extorsión de Los Monos a las autoridades del Casino City Center, ese monstruo gris con lucecitas de colores que da la bienvenida, apenas pasando la villa Las Flores, a quienes llegan desde Buenos Aires por la autopista.

Dos días después, el 13 de enero, Cachete Díaz fue detenido y, como contó el periodista Germán de los Santos en el sitio AireDigital de Santa Fe, cuando lo encontraron estaba con su pareja Flavia Broin, cuyo álbum familiar está lleno de policías.

La historia recién comenzaba.

La detención pública en la céntrica esquina rosarina de Mitre y Pellegrini de Cachete salió por televisión.

Alguien que estaba viendo la noticia se acerca, tres días después, el 16, a la Agencia de Criminalidad Organizada de Fiscalía con un celular en pésimas condiciones que dice haber encontrado allí.

 Según informó en su momento el sitio Rosario3, es el teléfono que habían intentado destruir y finalmente descartaron Cachete y su pareja Flavia.

Fue la caja de Pandora, fue Hansel y Gretel llevando miguitas a cada uno de los poderes de la provincia de Santa Fe.

Fue la miseria mostrándose en todo su esplendor.

Entre tantos diálogos encontrados, hubo uno que abrió las puertas del infierno.

El narcomono Cachete hablaba con Leandro Andrés Peiti, acusado de ser jefe del juego clandestino en la provincia.

La relación entre los dos, como la vida de los Pokemones, evolucionó.

De extorsionador y extorsionado pasaron a socios.

El 8 de enero, 3 días antes del asesinato al azar de Enrique Encino, Cachete le pide Peiti que consiga la libertad de dos sicarios de Los Monos, Horacio Quinteros y Claudio Ricaldez, que eran quienes iban a hacer el ataque al casino, pero cayeron en un control rutinario de Gendarmería.

¿Y por qué Peiti -cuya carrera en el juego clandestino comenzó con una de esas maquinitas de peluches- podía conseguir tamaño “favor” de la justicia santafesina?

Porque Peiti mensualmente le pasaba 5000 dólares al jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, al fiscal Gustavo Ponce Asahad y al empleado judicial Nelson Ugolini para estar cubierto y que le avisaran cualquier cosita que la justicia supiera sobre él.

Peiti llama a Ugolini, Ugolini se mete en el sistema informático de la justicia y le contesta a Peiti: “Quinteros -uno de los frustrados sicarios- se comió un encubrimiento por andar con un auto robado y una 9mm cargada. Le metieron ‘portación de guerra’. No tengo la causa yo, pero déjame ver cómo metemos comentario ahí”.

Como contó el periodista rosarino Agustín Lago en “Infobae”, Peiti cumplió el pedido del Mono Cachete, le mandó foto del WhatsApp donde Ugolini le contaba qué pasaba con sus sicarios y listo el pollo.

Todo hubiera seguido oculto si no hubiera aparecido el teléfono de Cachete.

Peiti es detenido junto con otros integrantes de Los Monos.            

Pero Peiti no es un monito menor.

Es dueño de casinos legales en Misiones, en Formosa y en Paraguay. Tuvo o tiene emprendimientos en Mar del Plata, Catamarca, San Luis, Chaco. Sin embargo, en Santa Fe, su lugar en el mundo, nunca fue imputado por juego clandestino.

La protección del jefe de fiscales rosarino Patricio Serjal fue efectiva. Tanto, que cuando el fiscal Ponce Asahad vio en el sistema del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación santafesina y comprobó que había una investigación sobre Peiti, le aconsejó dejar de usar el teléfono. Entre otras cosas, ahí aparecía una llamada del ex diputado provincial del Partido Justicialista Darío Scataglini, a quien poco después desplazaron como asesor del presidente del PJ Santafesino Ricardo Olivera.

¿Por qué tan alto funcionario necesitaba comunicarse con un empresario de Los Monos, más aún cuando al presentarse dijo que llamaba en nombre de un senador del PJ? Porque coso.

Y entonces aparece la política.

Resumen hasta acá para no perderse.

Una extorsión de Los Monos al casino de Rosario, digitada libremente desde la cárcel. Un muerto inocente al azar. Detención de uno de los participantes del asesinato extorsivo. Encuentro del teléfono. Ahí aparece la relación de los narcos con un zar del juego clandestino que a su vez coimea a la justicia para proteger su negocio y el de los narcos.

Vamos ahora por la relación entre la “justicia” y la política.

A raíz de lo ocurrido, el solícito y corrupto fiscal Gustavo Ponce Asahad es imputado. En agosto del año pasado declara como colaborador y prende un ventilador de caca: “La conexión de Peiti conmigo, la fiscalía y el doctor Serjal fue producto de Traferri, a raíz de un encuentro que armó el senador”.

En su declaración Ponce Asahad acusó también al ex ministro del gobernador peronista Carlos Reutemann, el ex diputado peronista Carlos Carranza, de informar a los capos del juego clandestino las causas que había en el Ministerio Público de la Acusación contra ellos.

“El Negro” Carranza es íntimo del senador “Pipi” Traferri, fue presidente del Consejo de la Magistratura santafesina y secretario de Justicia; influencer total sobre la justicia santafesina, íntimo de Rafael Gutiérrez, integrante de la Corte Suprema Santafesina.

Entre otras perlas, Asahad contó que por un fallo a favor del dueño de una concesionaria de autos, su jefe el fiscal Serjal se ligó un 0 km y Carranza, otro.

Y acá se ha nombrado al pasar a Traferri.

Si el lector no es santafesino, deberá saber que este senador -que era jefe del bloque de 12 senadores peronistas hasta que se le fueron 6 por este escándalo- es el eje de toda la cuestión que se desenredó a partir de la muerte absurda de Enrique Encino. Concejal en la localidad de San Lorenzo desde el ’89 al ’91, intendente de San Lorenzo entre el ’91 y el ’02, senador provincial entre ’03 y ’07, y desde el ’11 hasta este año en que finalizará su cuarto mandato y va por la reelección. Es quien hace y deshace en el senado santafesino, una de las legislaturas más caras del país por la enorme cantidad de dinero que discrecionalmente manejan los senadores.

San Lorenzo está pegada a Rosario, no sólo físicamente.

Hubo entonces una audiencia de funcionarios judiciales contra funcionarios judiciales: los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery contra los fiscales Serjal, Asahad y el funcionario Ugolini.

¡La que se armó!

Apareció un audio de Uglini en donde se mostraba no sólo que el senador Pipi Traferri era el garante de la impunidad del ultraquinielero Peiti -para lo que usaba a Serjal y Asahad-, sino que además, era intocable: “Enfrentarte al Pipi Traferri es lo peor que podés hacer” contó el periodista y escritor Osvaldo Aguirre en el sitio “Sumapolítica”.

El ultraquinielero Peiti declaró también como arrepentido y si Asahad prendió un ventilador, Peiti se largó con veinte de esos molinos eólicos gigantescos. 

Ante la jueza Eleonora Verón dijo Peiti: “Habré puesto para campaña unos 200 mil dólares que le di a Traferri”. Y contó que Traferri le dijo que para conseguir legalizar a su favor el juego digital -según reveló el periodista Hernán Lascano en el diario “La Capital”- Omar Perotti tenía que ganar las elecciones: “Dijo que tenía todo armado para apoyar a Perotti y que gane. Entonces yo lo fui ayudando, colaborando”. Pero no termina ahí la generosidad de Peiti. Aseguró haberle dado 5 mil dólares por mes a quien le abrió la puerta a la política, Ricardo Paulichenco, ex apoderado del PJ, secretario Legislativo de la Provincia, hoy fallecido, y 50.000 dólares al senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto: “Nuestra traba era Rasetto. Pero en la reunión con él, se llegó a un acuerdo y nos autorizó”.

Y acá, a riesgo de atosigar con datos, es conveniente llevar la historia hacia atrás, hacia 2017.

Ese año, el concejal radical Jorge Boasso presentó una denuncia contra el senador peronista Joaquín Gramajo; el senador peronista y vicepresidente del PJ, Rubén Pirola; el senador peronista José Baucero; el senador radical Hugo Rasetto, actual delegado al comité provincial de la UCR; el ya conocido senador peronista Armando Pipi Traferri, y el diputado radical del Frente Progresista, Jorge Henn.

¿De qué los acusaba? De que usaban la ofensiva cantidad de dinero que manejan discrecionalmente -y con la que, clientelismo mediante, consiguen los votos que les permite seguir currando- en subsidios a ONG que eran muchas veces pantallas de los bolsillos de esos mismos legisladores.

En el año ’22 los senadores santafesinos contaron con casi 800 millones de pesos para repartir, sin ningún tipo de control. Mientras tanto, el propio Ministerio Público de la Acusación cuenta con 400 millones. Sí, los senadores reparten discrecionalmente el doble de la plata que pone el Estado para investigar a las bandas criminales y eventualmente, a ellos mismos. 

Santa Fe no es una provincia feudal.

Pero casi.

Un senador es una figura reverenciada en los departamentos y las pequeñas comunas, que se prostituyen por una cancha de paddle, 50 libros para una biblioteca o el auspicio de un programa de televisión en el cable local, donde siempre aparecen sonrientes y regalando algo que no les pertenece. Los jefes comunales saben que deben llevarse bien con el senador de su departamento, para ligar alguna obra alguna vez.

Personalismo del peor, así se vive en Santa Fe.

¿Qué pasó con la denuncia de 2017?

Los fiscales avanzan en la investigación hasta que el servicial jefe de fiscales Patricio Serjal pide el expediente.

Lo pisa, lo amasa, le hace un bollito y aquí no ha pasado nada.

La disposición de Serjal para hacer favores al senador Traferri y su banda, en todo su esplendor. Dinero del Estado y dinero del narcotráfico en alegre montón.

La fiscal regional que reemplaza a Serjal -a quien inopinadamente el gobernador Perotti le aceptó la renuncia, salvándolo de juicio político-, María Laura Iribarren, decidió no sólo reabrir la causa sino además crear un equipo especial de fiscales para esta investigación.

Por otro lado, en una trágica comedia de enredos, el Pipi Traferri intentó sacar del medio a los fiscales Schappa Pietra y Edery, famoso por tener que ir a comprar pizza con chaleco antibala, por las amenazas narcos.

Será material de la próxima entrega.

¿La reapertura de aquella denuncia de Boasso significará que el intocable Traferri está en peligro?

No sería tan optimista.

El jueves pasado, la reunión urgente de la Junta provincial de Seguridad, encabezada por el gobernador Perotti, tuvo una silla para el Pipi:

El que metió en su cargo a la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, que compartió candidatura con Agustín Rossi y lleva adelante una batalla frontal con el gobernador Perotti.

 El que armó el contubernio entre la justicia, el juego clandestino y los Monos.

 El que maneja el senado y la política santafesina.

 El lobo, las gallinas, el drama.

 (continuará, lamentablemente…)

Apariciones estelares en la nota de hoy

Jefe de Los Monos

Guille Cantero (desde Marcos Paz)

Integrantes de la banda

Carlos Toro Escobar (desde Ezeiza)

Maximiliano Cachete Díaz

Sicarios

Otniel de León Almonte

Horacio Quinteros

Claudio Ricaldez

Jefe Juego Clandestino/Socio de Los Monos

Leandro Andrés Peiti

Nexos Peiti/Justicia (destituidos)

Empleado Judicial Nelson Ugolini

Fiscal Gustavo Ponce Asahad

Jefe de Fiscales Patricio Serjal

Poder Judicial Santafesino

Carlos “Negro” Carranza

Rafael Gutiérrez

Fiscales (los buenos)

Matía Edery

Luis Schappa Pietra

Nexo juego clandestino/senado santafesino

Ricardo Paulichenco

Armando “Pipi” Traferri

Hugo Rasetto

Legisladores acusados

Armando “Pipi” Traferri

Joaquín Gramajo

Rubén Pirola

José Baucero

Hugo Rasetto

Jorge Henn

Vicegobernadora

Alejandra Rodenas

Previously on El Sol: Por azar, el teléfono de un integrante de Los Monos (Maximiliano “Cachete Díaz”) cae en la justicia. Así se descubre que éstos se relacionaban con un capo del juego clandestino en Santa Fe (Leonardo Peiti), que le pagaba a la justicia (Nicolás Ugolini, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el jefe de los fiscales de Rosario (Patricio Serjal) para que les informara (tanto al quinielero como a los narcotraficantes) cualquier acción en su contra. Los funcionarios judiciales y el jefe del juego clandestino respondían y tenían cobertura del senador provincial peronista Armando Traferri.

Nunca sabremos por qué Juan Cruz Vitali, en aquella madrugada del 12 de mayo de 2019, en lugar de detenerse en el control de alcoholemia de la Avenida San Lorenzo, en Capitán Bermúdez -una ciudad de 30.000 habitantes entre Rosario y San Lorenzo-, embistió los conos, aceleró y se fue.

¿Había tomado unas copas de más y se asustó?

¿Se puso nervioso por alguna contravención previa?

No hay manera de saberlo.

Lo que habitualmente no hace la policía ante un ataque narco, lo hace aquella madrugada: persigue con su móvil a Juan Cruz que, asustado, se escapa hacia la casa de sus tíos, a pocas cuadras de allí. Estaciona, se baja y es el final de su vida. Desde atrás, lo sigue de a pie el comisario Sergio Di Franco que sin voz de alto ni nada, a pocos metros, mata al muchacho de 23 años con dos tiros.

Uno le impacta en la nuca.

Cae en el acto.

¿Su delito?

Eludir un control de alcoholemia.  

En principio, un caso más de gatillo fácil.

Maldita policía santafesina.

Pero todo se complica. 

Dos años después, en mayo del ’21, fueron imputados el entonces Jefe de la Unidad Regional XVII San Lorenzo, Gonzalo “Chino” Paz; el jefe de Plana Mayor, Gustavo Spoleti y Jorge Quintana, el jefe de Criminalística por haber trabajado para cambiar las pruebas y hacer que la muerte de Juan Cruz sea calificada como “accidente”, salvando así al Comisario Sergio Di Franco.

Parece que accidentalmente, la nuca de Juan Cruz se encontró con la bala del comisario.

El comisario Gustavo Spoleti le pide al ya conocido por todos ustedes, senador Armando “Pipi” Traferri (también de San Lorenzo) el contacto con el también ya conocido por todos ustedes Fiscal Adjunto Gustavo Ponce Asahad, y a través de él, al también ya conocido por todos ustedes, Jefe de Fiscales de Rosario, Patricio Serjal. Los tres acusados de cobrar del juego ilegal y el narcotráfico.

Rápido Spoleti se comunicó con Asahad por wasap: “Hola, soy el comisario Spoleti, me pasó su teléfono el Pipi para hablar cinco minutos. Cuando usted me diga voy para allá”.

Intentando hacer zafar a Di Franco, Spoleti le cuenta a su superior, el Chino Paz: “Hablé con Carlos P., no prometió nada, pero es buena onda”.

No sería grave si no fuera que Carlos P., quien se mostró “buena onda” ante un ilegal pedido policial, es el juez Carlos Pareto.

Sí, un policía le pide ayuda a un senador y a un juez para que cambiar las pruebas de un asesinato. Mientras tanto, y como según parece no era tan grave que el Comisario Di Franco, el asesino, anduviese libre por ahí, la fiscal sanlorencina Melisa Serena le dio la domiciliaria.

Los audios entre Serena y Ugolini son dignos de la serie Peaky Blinders.

O de Rambito y Rambón.

Conseguido el objetivo, ya con Di Franco libre, el jefe de la Unidad San Lorenzo, Gonzalo “Chino” Paz llama a Spoleti y, como contó el periodista Hernán Lascano en el diario La Capital, muy de cuerpito gentil le dijo a su colega: “Excelente hermano, agradécele a todos, al senador y a Paul”.

El senador, lo habrán intuido, es el ínclito Pipi Traferri.

Paul es Paul Krupnik, defensor del policía asesino; de la esposa de Esteban Alvarado (el líder narco que compite con Los Monos y que el viernes intentó escaparse de Ezeiza en helicóptero) y del propio Spoleti, en un caso de 2019 de enriquecimiento ilícito ligado a Alvarado, en donde los fiscales, además, encontraron que el hermano de Sergio Di Franco (el policía asesino), Cristian “Chamuyo” Di Franco, subjefe de la comisaría de Carcarañá -otra localidad santafesina del departamento San Lorenzo-, entraba en el sistema del registro automotor para pasarle información a Alvarado, el capo narco.

Spoleti estuvo a cargo de la seccional 2ª de Capitán Bermúdez, después fue Jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional II (Rosario) y de ahí, como varios de los que son apartados, terminó en San Lorenzo, la tierra de Traferri, como Jefe de Agrupación de Unidades Especiales.  

En el ’18, en una causa donde terminaron condenados Guille Cantero y Jorge Chamorro -los jefes de Los Monos- su nombre ya había aparecido. En el celular de Chamorro apareció el mensaje: “Voy a ver una casita y hablar con Spoleti que es el jefe de San Lorenzo”.

El narcotraficante hablaba con el comisario apadrinado por el senador. ¿Qué puede malir sal?

Hay más datos sobre el fuerte romance entre el policía ligado al narcotráfico y el senador Pipi: el 3 de mayo del ’19 -según contó el periodista Agustín Lago en Infobae– Spoleti le manda un wasap a un empleado municipal de San Lorenzo avisándole que tenía filmadas a dos personas sacando un cartel de Traferri y poniendo en su lugar uno del intendente Raimundo, radical del Frente Progresista.

“O vuelven a poner el de Traferri o van presos”, amenazó Spoleti a su interlocutor demostrando que cuando hay amor no hay pudor.

Así como la semana pasada se contó la relación del capo del juego clandestino Leonardo Peiti con Traferri, hay más.

El otro “rey del juego” de la provincia era David Perona, muerto por covid. La declaración de su viuda, Lorena Córdoba, ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra fue otro enorme ventilador de caca: “David me dijo que lo habían llamado para reunir más o menos ocho millones, nueve millones para poder entregar a la campaña de Traferri”. Dijo además que su marido le exigía que fuera fiscal en las elecciones “para saber y tener datos de quién iba ganando y se lo iba mandando a ellos”, al grupo de Traferri. ¿Qué harían con esa información en vivo mientras estaban ocurriendo las elecciones? ¿Fraude?

En este mismo juicio se imputó tanto a Peiti como al famoso ex piloto de Fórmula 1 Oscar Poppy Larrauri, gloria deportiva nacional, que llegó a ser concejal peronista en Rosario de la mano de… ¿adivinan? ¡El Pipi Traferri!

Peiti y Larrauri, amigos y vecinos, se saludaban desde sus ventanas, en sendas mansiones del Golf Club de Fisherton. El ex piloto fue imputado como partícipe primario de lavado de activos del juego ilegal.

Por todas estas cosas es que los fiscales Edery y Schiappa Pietra pidieron interrogar al Pipi.

Y ahí empezó un partido que aún no terminó. Los Fiscales intentando que el Pipi vaya a una audiencia y conteste preguntas versus La “Justicia” y El Senado Santafesino, procurando salvarlo a como dé lugar.

Así va el marcador hasta ahora:

 -Los fiscales en diciembre de 2020 muestran a los senadores santafesinos los pruebas que tienen para pedir que desafueren al Pipi.

Punto para los fiscales.

-Sólo seis senadores, todos peronistas de Perotti, votan a favor del desafuero. Siete senadores peronistas y cinco radicales votaron en contra.

Punto para Traferri.

-Los fiscales plantean la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código de Procesal Penal, que impide convocar a un senador a una audiencia imputativa. Sí, adivinaron, quienes pusieron el artículo 27 fueron los senadores.    

Punto para los fiscales.

-A principios del 2021 la jueza Eleonora Verón rechaza el planteo de los fiscales.

Punto para Traferri.

-El Juez de la Cámara de Apelaciones de Rosario, José Luis Mascali declara la inconstitucionalidad del artículo 27, desconoce la decisión de la jueza Verón y Traferri es citado a audiencia imputativa.

  Punto para los fiscales.

 -El senador no se presenta porque el fallo estaba apelado.

Punto para Traferri.

-El senado santafesino nombra al Pipi Traferri como representante ante la Junta provincial de Seguridad.

Punto para Traferri.

-El fiscal Edery declara a “AireDigital” de Santa Fe: “Lo de la junta es una burla del senado a la sociedad que reclama a gritos seguridad. (A Traferri lo banca) su club de amigos que incluye a los radicales, que lo apoyaron en el pedido de desafuero”.

Punto para los fiscales.

-Por esas declaraciones, nada menos que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez denuncia… ¡al fiscal Edery! (Gutiérrez, amiguísimo del Pipi, ocho veces presidente de la Corte Suprema de la provincia, 20 años cortesano, no sólo no apoya a uno de los fiscales mas valientes en la lucha contra el narcotráfico, quien junto con Schiappa Pietra consiguió meter tras las rejas, por ejemplo, a Los Monos y a Alvarado, sino que ¡lo denuncia! Y como acá también todo queda en familia, el secretario legislativo de la Cámara de Senadores de Santa Fe es Rafael Esteban Gutiérrez, sí, el hijo de. Hay que decir que no hay choque de poderes en la provincia. El chico Gutiérrez es hijo de un poder y secretario de otro). Como la manzana podrida pudre al cajón, nada menos que el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia, en lugar de apoyar al valiente fiscal, salió a defender al presidente de la Corte, que es como decir sostener al senador que cubre los ilícitos. Y como cuando un cajón está podrido, toda la partida viene con olor, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia le envió una nota al Fiscal General Jorge Baclini chupando expresamente y con fruición tan judiciales medias: “Entendemos que ni usted ni el propio Dr. Rafael Gutiérrez merecen tal descrédito”, dijeron, con la garganta llena de zoquetes. Es en este clima, con la Corte Suprema y el Sindicato de Trabajadores en contra, hacen su tarea los fiscales que metieron presos a Los Monos y a Alvarado.

Punto de oro para Traferri.

-Por cinco votos a uno, la Corte Suprema -como ya había hecho el Senado- blinda al Pipi, determinado que no puede siquiera ser citado a declarar. Porque coso.

Punto para Traferri.

-La causa no cerró. En estos momentos hay un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Punto para los fiscales.

En el medio, todo tipo de papelones del Senado.

Por ejemplo, el intento del senador Joaquín Gramajo, peronista pero del Frente Progresista, también íntimo del Pipi, que intentó usar una información falsa para desacreditar a los fiscales. No lo consiguió y ahora golpea la puerta de Miguel Ángel Pichetto gestionando entrar en Cambiemos que debería cuidarse bien también de los propios, como en el caso del senador Hugo Rasetto, (acusado de malversar dinero público y de recibir también plata del juego clandestino) que aspiró a presentarse, sin éxito, como candidato a gobernador por Cambiemos.

No casualmente Rasetto votó en contra del desafuero del Pipi.

Haciendo juego con el desprestigio del Senado, su presidenta, la vicegobernadora Alejandra Rodenas no se queda atrás. Ahijada política del Pipi -quien la ubicó en ese lugar-, fue candidata a diputada nacional en la lista con el Jefe de Gabinete Agustín Rossi en las últimas elecciones. Una pena que no ganó porque así el público nacional se perdió de enterarse de las anécdotas más rimbombantes de la ex jueza. No son pocos quienes la recuerdan, pelo al viento de pie sobre una lancha urgente, cual Pamela Anderson en Baywatch cruzando el Paraná en compañía de su esposo, el ministro de Cultura provincial Jorge Llonch, histórico aliado de la Trova Rosarina, y de ¡ups! Paul Krupnik, el abogado del policía de gatillo fácil Di Franco con el que abrió esta nota, del comisario Spoleti y de la esposa del narcotraficante Alvarado.

¿Adónde iba tan rápido? ¿Por qué?

Rodrigo Ortigala, mano derecha del narcotraficante Esteban Alvarado hasta que se descubrió que salía con la esposa de su jefe, contó como arrepentido que Alvarado se escondía en una divina casa quinta en la isla de Charigüé, frente al Monumento a la Bandera en Rosario, pero en jurisdicción de Entre Ríos.

El 5 de diciembre de 2018 comienza el operativo en donde estaba además el policía Pablo Báncora, de la Agencia de Criminalidad Organizada, quien terminó preso por pasar información al grupo que tenía que investigar.

No encuentran a Alvarado ni dinero ni armas en la isla, pero ven llegar rápidamente la lancha de Baywatch ensamblada en el Paraná. Llonch justifica su presencia allí por ser habitual inquilino de esa isla, donde pasa las fiestas.

De cómo se enteraron del operativo o del expediente nunca se supo más nada, pero quedaron algunos detalles: el infiel policía Báncora no informó del arribo de la ex jueza, ex diputada, ahora vicegobernadora, aliada del Jefe de Gabinete Agustín Rossi, presidenta del Senado santafesino y encargada de conseguir los votos para que no desafueren a su jefe el Pipi.

El denostado fiscal Ponce Asahad, después de declarar en la justicia, entrevistado por Hernán Funes de Cadena 3, repite lo dicho en sede judicial: “En ese lugar -la casa del Charigüé- antes del allanamiento el mismo senador Traferri estuvo con militantes juveniles del PJ en la previa de la campaña de Rodenas. Las actas de procedimiento no consignaron la totalidad de los elementos secuestrados”. Y agregó: “La vicegobernadora aun no electa, en plena campaña electoral, llamó en reiteradas veces (al ex fiscal regional Patricio Serjal) amenazándolo con que iban a rodar las cabezas de todos los fiscales de esa operación y (llamó) más de media docena de veces a la jueza entrerriana que había firmado las órdenes de allanamiento. (Serjal) Me llamó por las amenazas y me pidió que hablara con Traferri”.

Rodenas no quería por nada del mundo que trascendiera lo ocurrido en la paradisíaca quinta de la isla.

Meses después, detienen a Alvarado en un camping de Córdoba, el narco intenta tirar al agua su Iphone con tanta mala suerte que queda en la orillita del lago de Embalse Río Tercero. (Sí, no pudo ni tirar el celular al lago a pocos metros pero quiso escapar en helicóptero). Cuando lo inspeccionan se encuentran con un diálogo en Telegram entre Alvarado y su abogado Claudio Tavella: “¡Que me dé una mano la Rodenas!” exige el narco.

Nada nuevo, la vicegobernadora Rodenas, como jueza, ya en 2016 había desestimado una causa contra Alvarado que le habían enviado desde Buenos Aires con constancia de los delitos del narcotraficante, según contó el ex ministro de Seguridad santafesino Maximiliano Pullaro en audiencia judicial. Y en 2017 consiguió archivar una causa por enriquecimiento ilícito contra el policía Spoleti (causa de la que se habla al principio de esta nota). ¿Quién fue el abogado de Spoleti en ese juicio en el que Rodenas fue jueza? Paul Krupnik, el copiloto de la lancha.

“A todos nos duele Rosario. Se le puede ganar al narcotráfico, hay que tener voluntad política”, dijo la semana pasada la vicegobernadora Alejandra Rodenas, en el acto de conmemoración de los 211 años de la bandera, en el Monumento, ahí enfrente de donde tiene su casa quinta litoraleña en donde paraba Alvarado, mientras le duele Rosario quizás a la altura de la conciencia.

Todo lo que ocurre con el narcotráfico en Santa Fe también está teñido -como todos los males del país- de la interna peronista.

Más allá de la enorme responsabilidad de las autoridades nacionales, no habrá gendarmes ni fuerzas armadas que puedan hacer nada si los tres poderes del estado santafesino siguen sin depurarse.

Los intendentes y presidentes comunales elegidos democráticamente en las localidades santafesinas de Puerto General San Martín (Carlos de Grandis), Capitán Bermúdez (Daniel Cinalli), Fray Luis Beltrán (Mariano Cominelli), Carcarañá (Miguel Ángel Vázquez), Ricardone (Juan Carlos Doria), Luis Palacios (Adrián Biyovich), Aldao (Claudia Maceratesi) y Villa Mugueta (María Laura Mozzi) respaldan a Armando Pipi Traferri para que vuelva a ser elegido senador en 2023.

Los habitantes de esas localidades, sabrán si quieren ser co-partícipes de los encubridores del narcotráfico.

El Pipi seguirá digitando la política santafesina si lo siguen votando.

Y el narcotráfico seguirá libre en las calles.

*Realizado con información publicada por periodistas rosarinos y santafesinos y por el trabajo de los fiscales, todos ellos los verdaderos héroes de esta epopeya.

Apariciones estelares en la nota de hoy

Juego Clandestino

Leandro Andrés Peiti

David Perona

Lorena Córdoba viuda de Perona

Oscar “Poppy” Larrauri

Caso Juan Cruz Vitali

Comisario Sergio Di Franco (gatillo fácil)

Gonzalo “El Chino” Paz (comisario, encubridor)

Gustavo Spoleti (comisario, encubridor)

Jorge Quintana (comisario, encubridor)

Melisa Serena (fiscal “dialoguista”)

Paul Krupnik (abogado de Di Franco)

Empleado Judicial Nelson Ugolini (encubridor)

Fiscal Gustavo Ponce Asahad (encubridor)

Jefe de Fiscales Patricio Serjal (encubridor)

Fiscales

Matías Edery

Luis Schappa Pietra

Fiscales Vs. Pipi

A favor de los Fiscales

Juez José Luis Mascali

A favor del Pipi

Jueza Eleonora Verón

Senado de Santa Fe

Vicegobernadora Alejandra Rodenas

Presidente Corte Suprema de Santa Fe Rafael Gutiérrez

Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales

Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia

Senador Joaquín Gramajo.

Hijo del Presidente de la Corte santafesina

Rafael Esteban Gutiérrez, secretario legislativo del Senado santafesino

Caso Esteban Alvarado

Cristian “Chamuyo” Di Franco (comisario, partícipe)

Rodrigo Ortigala (mano derecha, posterior pata de lana, testigo arrepentido)

Policía Pablo Báncora (soplón del narcotráfico, encubridor)

Jorge LLonch (Ministro de Cultura, inquilino de la casa quinta fluvial, esposo de la vicegobernadora)

Claudio Tavella (abogado, cómplice)

Agustín Rossi (Jefe de Gabinete, aliado de la vicegobernadora)

Maximiliano Pullaro (ex ministro de seguridad, denunciante)

Paul Krupnik (abogado de la esposa de Alvarado, copiloto de la lancha)

Amigo de todos

Armando “Pipi” Traferri

Y en el rol de Pamela Anderson

Alejandra Rodenas, vicegobernadora.