La justicia santafesina sentará el próximo martes en el banquillo de los acusados al ex Ministro Marcelo Saín y a sus dos principales colaboradores, por haber intentado comprar armas a una empresa israelí intermediaria, en perjuicio de la argentina, Bersa S.A. La imputación será la primera de varias otras que se preanuncian en una profusa investigación que lleva adelante la misma fiscalía de delitos complejos. Un año después de su salida del ministerio, tendrá que rendir cuentas por el intento de malversar fondos públicos, con un tema tan sensible y urgente como las armas para la policía.

Santa Fe es un tendal de muertos. La Policía dice, y no hay quien lo discuta, que no tiene equipamientos para combatir ningún delito: ni armas nuevas, ni nuevos patrulleros, ni nafta para cargar los tanques de los patrulleros, ni dinero para reparar centenares de vehículos abandonados en distintas dependencias de la policía. La situación es aún más inexplicable, ya que esta semana se conoció que la cartera «ahorró» 310 millones en equipamientos, que no fueron ejecutados en 2021.

El principal responsable de este desorden es el Ministro Jorge Lagna, claro, pero quién comenzó el desorden fue su antecesor Marcelo Saín. El Ministro estrella de Omar Perotti que llegó con las banderas de la «Reforma Policial» y terminó humillando a todos los integrantes de la fuerza, a los que no dudó en llamarlos «negros cabezas» en uno de los tantos audios de WhatsApp que se «le escapaban» y llegaban a los teléfonos de los periodistas.

Mientras intentaba sacar leyes sin consenso, Saín se dedicó – y está próxima su imputación por ese delito- a organizar una especie de Organismo de espionaje de jueces, políticos, periodistas y familiares de los mismos, con el objetivo de armar «carpetazos». Se sirvió de toda la estructura del Ministerios, más las relaciones con ex subordinados en el MPA, que confesaron que «le hacían trabajos al jefe», desde otro poder.

Saín no sólo contaba con miles de millones de pesos de gastos reservados para cumplir con esa tarea, sino que mantenía a un ejército de comunicadores en Santa Fe y Rosario, que se encargaban de descalificar a todos los que se oponían. Además, y esto es lo que provocará su primera citación en calidad de imputado, intentó comprar armas y motos de manera irregular: En armas, solamente, intentó llevar adelante una licitación armada para una empresa israelí (curiosamente vinculada a la venta de equipos sofisticados de espionaje) a la que directamente le copiaron y pegaron las características de las armas que vendían, para armar los pliegos. La primera reacción fue de la empresa argentina Bersa S.A, que impugnó la licitación porque se veía «impedida de participar, por las condiciones de los pliegos». Luego, el Tribunal de Cuentas objetó la operación, y finalmente el Ministro de Economía, Walter Agosto, dispuso la suspensión. En el medio, los diputados Cándido y Catalini, habían realizado un pedido de informes, y presentaron una denuncia penal por presuntas irregularidades. A los pocos días de la denuncia, Saín renunció al Ministerio, y luego fue destituido de su cargo en el MPA, por la legislatura santafesina.

La compra de armas se dio por caída en octubre del 2021. Finalmente,un hecho de corrupción dejó sin equipamiento nuevo a la policía. Los resultados son catastróficos: los agentes no tienen recursos para enfrentar al delito creciente, y en los cordones de la capital y Rosario, el enfrentamiento entre bandas del narcotráfico volvieron a retomar el dominio de los territorios y ordenan crímenes desde la cárcel.

Al final, Saín, que sostuvo un discurso «progre» y que impulsó al gobernador Perotti a enfrentamientos con propios y extraños, inventando causas y lanzando acusaciones contra dirigentes del peronismo y la oposición, sin dar ninguna prueba ni presentar ninguna denuncia, terminará siendo imputado por querer robar dinero de las arcas santafesinas. Su explícita sociedad con algunos fiscales, puso en riesgo la estabilidad institucional de la provincia, y la gobernabilidad de Perotti. Si las cosas no pasaron a mayores, fue por la prudencia de la oposición, no por méritos del primer mandatario.

Ni más ni menos que en seguridad. Ni más ni menos que en un área que necesitaba todo lo contrario.

A Saín, seguramente, se lo juzgará por otros delitos. También se lo escuchará defenderse desde las excusas del «Law-Fare» y seguirá lanzando acusaciones que nunca tienen correlato con pruebas.

Al final, ese ministro bocón, ese espía desprolijo, ese supuesto académico que puso en marcha un esquema de espionaje estatal sin antecedentes en la democracia santafesina, era además, un ladrón.

Por @ocherep