La empresa criminal que comanda Alan Funes desde el penal de Ezeiza fue puesta bajo la lupa este martes en una audiencia con 16 imputados. La acusadora Valeria Haurigot expuso 11 hechos atribuidos a la banda, entre los que se destacan balaceras y extorsiones cometidas desde fines de septiembre de 2021. Todo ordenado por el hijo de Jorge “Gordo” Funes, quien en comunicación constante con su pareja Jorgelina Chipi Seperpe y su hermana S. –menor de edad– indicaba las acciones.
Gran parte de la evidencia surgió del teléfono de esta adolescente, secuestrado el 13 de octubre del año pasado del aguantadero de la banda, en Chacabuco 4148. Ese día dos sicarios habían ejecutado a Mariel Lezcano en Ayacucho al 4100 y se refugiaron en lo que denominan “el pasillo”, un conocido búnker de la zona más empobrecida de barrio Tablada.
Es que la hermana menor de Alan actuaba como una especie de gerenta de su hermano, filmaba ataques, gestionaba sicarios y hacía de contadora. Desde el encierro, Alan exigía detalles minuto a minuto. Ese contenido recuperado “permitió reconstruir una historia delictiva de mucho tiempo y resultó ser muy rica en cuanto al esclarecimiento puntual de balaceras, extorsiones y hasta una tentativa de homicidio”.
Para la fiscal, “esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas”.
Según la acusación, “para llevar a cabo ese objetivo, los integrantes de la asociación cometieron diversos delitos, entre otros, homicidios, lesiones, robos, encubrimientos, amenazas, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y venta ilegal de estupefacientes, siendo esta numeración meramente enumerativa y no taxativa”. La Fiscalía describe a lo largo de 11 hechos registrados en los últimos seis meses los roles de cada miembro de la banda, que van desde los “gatilleros” que cometen asesinatos o balaceras, a quienes guardan las armas o conducen los vehículos de la organización, así como los vendedores de drogas al menudeo.
Así la fiscal enumeró distintas balaceras: una del 19 de septiembre de 2021 en Ameghino al 170, donde se desarrollaba una reunión. Con el objetivo de generar terror. Otro del 3 de octubre contra una vivienda de Centeno al 100, donde dejaron una nota: “comunicate porque la próxima te pegamos a vos o a tu hija att: la mafia”. Y otra de Oroño al 4300 del pasado 7 de octubre.
“Le quiero dar a los gitanos ahora”, pidió Alan Funes. La nota que acompañó las balas rezaba:
“Párense de mano porque le vamos a dar a todos. Todos los amigos de Guille son enemigos nuestros. (…) Tony montana soy y vos quién sos (…) Sí, soy él. El mismo (…) Parensé de mano no queremos más plata, lo vamos echar a todos a la mierda (…) Los más ortivas de Rosario (…) Parensé de mano y mudensé, por ser amigo de Guille no queremos más plata”.
La extorsión
“Escuchá, vas a tener que pagar porque le vamos a dar a tu mamá que vive sola o algunos de tus hijos o tu nieto. Quiero 500 mil pesos, sé que vos trabajas en la Bolsa de Comercio”, fue lo que escribió Alan a ex director de la Bolsa de Comercio. El mensaje jamás fue respondido. Pero se supo que el narco había obtenido el teléfono del hombre de negocios por parte de la tía de la Chipi Selerpe, quien era una de las mujeres que cuidaba a la anciana madre del extorsionado.
Alan Funes, verdugo de Marcela Díaz y Eugenio “Pupi” Solaro, fue imputado “como el jefe de la organización, imparte ordenes desde su lugar de detención (Complejo Penitenciario N.º de Ezeiza, Buenos Aires), ordenando atentados con armas de fuego contra diferentes personas, eligiendo a las personas que van a cumplir cada uno de los roles en los hechos, disponiendo el uso de armas de fuego de gran poder ofensivo (pistolas calibre 9mm, calibre 40, calibre 45, ametralladoras FMK3, etc) y vehículos (automóviles, motocicletas), autorizando el pago a los miembros de la organización por los «trabajos» realizados y por los «gastos» ocasionados a tal fin, decidiendo dónde se guardan o se esconden las armas de fuego y los vehículos utilizados por la organización, organizando y administrando la atención de los puntos de venta de estupefacientes y controlando su recaudación”.
También fueron imputados su novia Jorgelina Selerpe; su abuela Alicia Cordero; Lorena Ortiz, tía de Chipi; Omar Biasutti, un preso de Piñero sospechado de ser el presunto proveedor de municiones; María Cristina Piedrabuena y Miriam Rojas, quienes supuestamente guardaban armas y municiones a la banda. Y los tiratiros Lucas Ortiz, de 25 años (hijo de Lorena Ortiz); Valentino Barjacoba (29); Fabián Domínguez (22); Iván Gutiérrez (19), novio de S., la hermana de Alan; Juan Guzmán (27); Luka Salazar (19); Matías Almada (20); Agustín Arselli (22); y Joel Olguín (24).
El Juez de Primera Instancia Nicolás Foppiani tuvo por formalizada la audiencia imputativa dictando la prisión preventiva efectiva por el plazo de lay de todos los imputados. También solicitó al Servicio Penitenciario que realice un informe ambiental exhaustivo sobre domicilio de calle al Misiones 2100 de Rosario a fin de verificar la viabilidad de alojamiento de la imputada Miriam Rosana R., así como informe de viabilidad de conexión en el lugar de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera). Por último requirió a la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, Dra. Maria Laura Garrigós, y al Sr. Secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Dr. Walter Gálvez, que personalmente, o por medio del personal que expresamente, designen, dispongan las medidas que correspondan, a fin de impedir que las personas imputadas en la presente causa, alojadas en unidades penitenciarias a su cargo, obtengan, posean y/o utilicen teléfonos celulares y/o cualquier dispositivo no autorizado de comunicaciones, debiendo informar dentro del término de 15 días, las medidas de seguridad adoptadas a tal efecto.
