La Cámara Penal revocó la prisión preventiva en modalidad domiciliaria impuesta al ex fiscal regional Patricio Serjal y resolvió otorgarle la libertad con algunas restricciones y con una caución de 10 millones de pesos. El ex jefe de fiscales se encuentra imputado en la causa de juego clandestino, con un pedido de pena de 12 años por los delitos de organizador de una asociación ilícita, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público, peculado de servicios y omisión de persecución.
La decisión del juez de Cámara Guillermo Llaudet se conoció este miércoles al cabo de una audiencia en la que hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso revocar la resolución de primera instancia de la jueza Eleonora Verón, del pasado 6 de diciembre, que había resuelto extender la prisión preventiva hasta el 1° de marzo próximo.
De la tobillera a la firma semanal
La nueva medida cautelar no privativa de la libertad con reglas alternativas a la prisión preventiva incluye
• La obligación de constatar domicilio
• La prohibición de salida del país; entrega por Oficina de Gestión Judicial (OGJ) del DNI del apelante y los pasaportes tanto nacional como extranjero si lo tuviere, oficiándose además nuevamente al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a fin de que por ante el mismo se consigne la prohibición de renovación emisión o reemisión de DNI y/o pasaporte
• Hacer frente a caución por una suma no inferior a la de $10.000.000 (diez millones de pesos)
• Evitar todo tipo de contacto, acercamiento o reunión, tanto personal como telefónica o por cualquier instancia de comunicación con los restantes coimputados o testigos vinculados con cualquiera de las causas en que se encuentra involucrado
• Comparecer semanalmente ante OGJ debiendo dicha oficina informar al Ministerio Público de la Acusación (MPA) cualquier incumplimiento de esta exigencia de firma semanal;
• Mantener las condiciones de abordaje terapéutico dispuestas al momento de concedérsele la prisión domiciliaria
Vale recordar que Serjal gozaba del arresto domiciliario desde febrero de 2021, por resolución del juez Juan Carlos Leiva.
En tanto, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra presentaron, el 4 de enero pasado, la acusación para llevar a juicio al ex jefe de fiscales y la pena de 12 años de prisión.
El otro que espera juicio oral en esta causa, mientras se encuentra en libertad, es el empleado judicial Nelson “Coqui” Ugolini.
Mientras tanto se espera que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de los fueros del senador Armando Traferri, a quien también los fiscales pretenden imputar como organizar de una estructura de recaudación en torno del juego clandestino.
Por su parte el ex fiscal devenido imputado colaborador Gustavo Ponce Asahad ya recuperó la libertad en septiembre pasado tras cerrar un acuerdo abreviado a tres años. Estuvo tras las rejas un año.
El ex comisario Alejandro “Pipi” Torrisi ya había sido condenado a tres años en septiembre de 2020. En julio de ese año había sido detenido en un garito de apuestas de Villa Gobernador Gálvez con 80 mil pesos en un sobre.
El otro que acordó un abreviado por tres causas unificadas y ya se encuentra en libertad es el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti, cuya declaración propició la caída de dos fiscales por corrupción. Desde el 7 de febrero le habilitaron cumplir en su chalet de Fisherton la condena penal a tres años de prisión como organizador de esos negocios de apuestas ilegales y de sobornar funcionarios judiciales y políticos.
Para la pesquisa, usufructuando ilegalmente su rol como fiscal regional de la circunscripción Rosario Serjal le brindó a Peiti favores ilícitos otorgando actos propios de su función a cambio de dinero que el empresario le entregaba a Ponce Asahad. Entre 4 y 5 mil dólares mensuales, según declaró Peiti. Ello, con el objeto de evitar que prosperaran investigaciones penales en contra del empresario.