Parte de la banda liderada por el recluso Brandon Bay fue imputada este jueves por el delito de asociación ilícita. Dentro de la media docena de imputados se encuentran su madre, Érica Altamirano, que de acuerdo con la investigación operó como una especie de gerenta de la banda conocida como Los Gorditos. También fueron acusadas sus hermanas Flavia y Giuliana. La audiencia reveló además el chanchullo llevado a cabo por tres policías de la comisaría 32 ª (barrio Godoy) que terminaron imputados por falsear un acta policial a cambio de una coima para beneficiar a dos miembros del grupo delictivo que habían sido detenidos con un auto robado.   

De acuerdo con la investigación del Pablo Socca, Érica Altamirano, Giuliana Soledad Bay; Javier Alejandro Aquino; Luis Gabriel Saucedo; Mabel Noemí Aranda; Jorge Luis Núñez y otras personas (algunas ya imputadas) formaron parte de una asociación ilícita bajo órdenes de Brandon Bay que se dedicó a cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la propiedad y contra la administración pública. La localidad de San Lorenzo y el barrio Tiro Suizo fueron los escenarios de estas fechorías. La línea temporal ubica las actividades de la pyme delictiva entre agosto de 2019 y septiembre de 2021. La gavilla operaba desplazando competidores del territorio.

En la audiencia el fiscal sostuvo que la banda cometió múltiples delitos, como robo de autos y a viviendas; muertes violentas, atentados contra las personas, amenazas, portaciones de armas y municiones, y venta de drogas.

“Algunos miembros de la organización contaron con la connivencia de integrantes de Gendarmería Nacional (GNA) y de la Policía de Santa Fe, que con su accionar al menos facilitaron la comisión de delitos, al menos omitiendo cumplir con sus obligaciones en función de los deberes de persecución e investigación”, planteó Socca refiriéndose a tres policías de la 32ª, pero también a la complicidad de Lucas Gonzalo Romero, un primo de Brandon Bay que se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico hasta julio de 2020 cuando fue detenido e imputado por proveer droga y cobertura al grupo. Y a los tejemanejes en la comisaría 7ª de San Lorenzo, atribuidos al comisario Raúl Omar Fleitas y a su sumariante Marcelo Álvarez, imputados por encubrir la banda. También se habla de la cobertura de un gendarme en San Lorenzo, pero aún no fue identificado.  

Los roles, según la Fiscalía

Altamirano, madre de Brandon, fue líder de la asociación ilícita cuya jefatura también ejercía y sigue ejerciendo su hijo (condenado y con causas pendientes, actualmente en el penal federal de Marcos Paz). Para Socca, supervisó los negocios de la organización (entre ellos: venta ilegal de estupefacientes) desde su casa/búnker de Dinamarca al 500bis. Allí escondió armas y celulares

Giuliana Bay recibió órdenes de su madre y hermano y en algunas ocasiones hizo el rol de “cadete”, de plata o droga de los bunkers de la organización; brinda información a su hermano y recibe directivas.

Flavia Bay respondió a su hermana Aldana, a su madre y a Brandon para el sostenimiento y el funcionamiento de la organización. Se encargó de fraccionar la droga en “bolsitas” para su entrega a otros integrantes que se encargan de venderla. También, retiró la plata de la venta. También posee decisión en la ejecución de balaceras contra bandas rivales

Javier Alejandro Aquino fue uno de los sicarios de la organización. Personas de confianza en especial de Altamirano, se encargó de atender los búnkers de la organización, custodiando o vendiendo y administrando la recaudación. También gestionó autos y armas para realizar atentados con armas de fuego.

Luis Gabriel Saucedo se encargó de retirar la plata de los búnkers junto con Flavia y a tareas de logística. Además, mientras estuvo detenido en 2020, alojado en el mismo pabellón que Brandon Bay le facilitó el celular para que éste haga extorsiones y amenazas desde la cárcel.

Mabel Aranda se encargó de las tareas en el búnker de Lamadrid y Paraguay que funciona como puesto de venta o depósito. Misma función que Jorge Luis Núñez, que además trasladó dinero y armas de la organización y se hizo cargo de la propiedad y/o posesión de la droga que personal policial secuestró en allanamientos a lo largo de la investigación para a lograr la impunidad de las conductas ilícitas de la banda. Su imputabilidad está en evaluación.

Estas siete personas fueron acusadas del delito de asociación ilícita, con Altamirano en carácter de jefa. Pero además sumó una imputación por cohecho junto con Saucedo, a quien le impusieron prisión efectiva hasta una revisión el 22 de abril próximo. A Altamirano, las hermanas Bay, Aquino y Mabel Aranda el juez Alejandro Negroni les dictó una cautelar por el plazo de ley.

Para Núñez el juez dispuso la internación en una dependencia psiquiátrica por el término de 3 meses con custodia. Y solicitó una junta médica para que dictamine su comprensión de los actos.

Coimas en la 32ª

A Érica Altamirano le imputaron haber ofrecido y entregado $50.000 pesos al suboficial de la comisaría 32ª Axel Federico Teliz con el fin de que su hija Flavia y Saucedo recuperaran su libertad de manera fraudulenta mediante la maniobra ilícita de incluir documental no secuestrada en las actuaciones policiales, confeccionadas a raíz de un procedimiento del Comando Radioeléctrico (CRE) efectuado el 9 de septiembre de 2021 a las 0.40 cuando se produjo la aprehensión de Flavia y Luis y el secuestro del auto en el que circulaban con pedido de secuestro.

La inclusión de este documento en las actuaciones de la comisaría 32ª –un boleto de compraventa automotor firmado por el supuesto vendedor– simuló que había sido secuestrado en el procedimiento del Comando. Esto tenía por objetivo inducir a error al fiscal de turno al momento de la consulta para que este disponga la libertad de los aprehendidos.

¿Cómo fue la maniobra? A la 1.35 Altamirano, la madre de Brandon, recibió una llamada de Saucedo –que se encontraba aprehendido e incomunicado en el interior de la 32ª–; este le transmitió la propuesta del suboficial Teliz de pagar 50 mil para dejarlos en libertad mediante esa maniobra fraudulenta.

La llamada fue desde el teléfono de Saucedo, que estaba “secuestrado” y había sido entregado por personal del Comando a los policías de la 32ª oficial Hugo Orlando Figueroa, suboficial Magalí Carrizo y suboficial Teliz.

“Estos incumplieron sus deberes de funcionario público al permitir que Saucedo –aprehendido e incomunicado– manipulara y utilizara su celular secuestrado, alterando de esa manera un objeto a servir de prueba en el proceso judicial”, dijo Socca.

Así las cosas, entre las 2 y las 6 Altamirano fue con otras personas, aún no identificadas, a la seccional 32ª y le entregó a Teliz el boleto de compraventa automotor mencionado y los 50 mil.

A las 6.35, Teliz se comunicó con el fiscal de turno y transmitió las circunstancias de la aprehensión de Saucedo y Flavia. Pero informó falsamente que la pareja exhibió un boleto de compraventa automotor suscripto por el vendedor y la compradora Flavia Bay; así ayudó a los aprehendidos a eludir la investigación en su contra y alteró pruebas actuando con ánimo de lucro.

También le imputaron a Teliz haber insertado información falsa en el acta de cadena de custodia, agregando en el detalle que el boleto de compra venta estaba a nombre del vendedor e sea suscripta por una subinspectora.

También se le imputó a Carrizo y a Teliz haber insertado declaraciones falsas en el acta de constatación de domicilio de Luis Saucedo y Flavia Bay donde consta falsamente que personal de la 32ª fue al pasillo de Dinamarca al 555 bis para verificar el domicilio constituido por los aprehendidos. En realidad jamás fueron hasta esa vivienda de barrio Saladillo.

Carrizo y Figueroa zafaron de la preventiva, pero deberán firmar semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial, fijar residencia y abstenerse de contacto con los imputados. Carrizo no tuvo esa suerte: el juez Negroni le impuso prisión efectiva hasta el 14 de abril de 2022. En el plano administrativo, los tres ya fueron pasados a disponibilidad.