Sobre el final del año 2019 el Fiscal Federal de la localidad de Hurlingham, Dr. Santiago Marquevich, quien estuvo asignado algún tiempo a la Fiscalía Federal Nº1 de Rosario, decidió desde su nueva sede en provincia de Buenos Aires allanar la firma Bronway Tabaco S.A con sede en Rosario. Esta firma que comercializa cigarrillos Pier y Dolchester en la República Argentina a un costo accesible y excelente calidad según anuncian desde la firma, resulta de las PYMES  más importante de la provincia de Santa Fe ya que emplea en forma directa casi 300 empleados y se encuentra en litigio con la multinacional extranjera Massalim Particulares (Philips Morris International) por el modo de calcular el impuesto interno. Desde esta PYME y otras pocas de la República Argentina se oponen constitucionalmente a la llamada “ley Massalim”, una ley que es un traje a medida para que este monopolio mundial elimine de la competencia a los pequeños productores y fabricantes que deseen realizar un producto popular y que fue sancionada por el fuerte lobby ejercido durante el macrismo.

Llamo la atención del directorio de Bronway Tabaco S.A,  que la sede central de Massalim Particulares, que ha facturado en el año 2020 algo más de 77.000 millones de dólares, se encuentre tan sólo a 20 cuadras de la fiscalía de Hurlingham creada también en el gobierno de Macri y asignada al vecino de dicha localidad Santiago Marquevich.

El allanamiento en cuestión devino a partir de una “denuncia anónima” en la sección investigaciones de Morón, respecto a tres kioscos de esa localidad que según la persona que llamo (nunca identificada ni investigada) venderían cigarrillos con instrumentos fiscales de control- estampillas- adulterados. Esta medida puso al borde de la quiebra a Bronway Tabaco y al despido de todo su personal ya que se realizó deliberadamente sobre fin de año cuando las ventas son superiores y paralizó la totalidad del producto terminado y del tabaco en stock.

Luego de pericias que analizaron más de 6 millones de instrumentos fiscales de control (estampillas) se logró demostrar que Bronway era totalmente ajena a cualquier acción ilícita o irregular, pero tal como indican desde la empresa el daño a la reputación comercial y personal de los socios ya estaba hecho, lo que llevo inclusive a que entidades bancarias decidieran no operar con la firma por lo que denominan “riesgo reputacional” debido a la amplia difusión mediática en portales de buenos aires afines a la fiscalía y a Massalim

En tal sentido el Dr Martín Marini, abogado de la empresa denunció como el portal “Infobae” filtró información sólo reservada a las partes y afirmó situaciones que eran absolutamente falsas como que algún directivo estaba detenido o que la firma se encontraba clausurada. Hoy existe una demanda judicial de importancia contra dicho medio y un periodista del mismo. Resultó llamativo que el personal a las órdenes del fiscal Marquevich colocó de espaldas junto a cajas de la marca Pier y Dolchester (que se acreditó luego originales) a los testigos del procedimiento para hacerlos “pasar” como detenidos, ya que no existía ninguna persona privada de la libertad. Desde la firma sostienen que la movida judicial y de prensa estaba coordinada para dañar comercialmente y que detrás de esto existen poderosos grupos de poder judicial, económico,  mediático y hasta ex agentes de la SIDE ,  y que no es la primera vez que esto sucede ya que existen múltiples denuncias anónimas en distintos fueros que nunca llegan a nada pero que generan un impacto mediático muy perjudicial e investigaciones con seguimientos personales, interceptaciones telefónicas y allanamientos. El propietario de la firma inclusive solicito judicialmente se investigue el vínculo entre la fiscalía y  una persona cuyos datos e identidad fueron aportados a un juzgado federal que se conoce como “Gordo Miguel” y sería la mano derecha de Jaime Stiuso.

La semana pasada el presidente de la empresa obtuvo por parte del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 3 de Morón la resolución de falta de mérito y se encuentran en trámite pedidos de nulidad por la sustracción de mercadería que ha llevado adelante personal de Gendarmería Nacional que quedó asentado en cámaras de seguridad y que es motivo de una investigación.

“Nos ha perjudicado muchísimo esta investigación pero lo que más me duele como ciudadano de este país y empresario que trata de salir adelante en épocas de crisis es que un fiscal federal como Marquevich se maneje con este nivel de impunidad, armando una causa con dos kioscos del conurbano bonaerense y una denuncia anónima, utilizando recursos policiales como un “grupo de tareas” o difundiendo mi imagen o información reservada del expediente a los medios” dijo el presidente de la firma Darío Ippolito notablemente ofuscado.

Es claro cómo funciona el lawfare en este país y es precisamente cuando se busca a fiscales o jueces de otras jurisdicciones permeables a motorizar denuncias anónimas con información aportada y amañada por grupos económicos que tienen apoyatura de grandes medios y de oscuros personajes de agencias de seguridad agrego Darío I presidente de la firma en cuestión. Del mismo modo que es incomprensible la actuación del fiscal debo rescatar la solidez del Juez Federal Nº 3 de Morón Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto que habiéndose hecho cargo recientemente del juzgado desbarató inmediatamente una situación que se advertía claramente irregular y dictó la falta de mérito.