Fue por dejar solo a tres niños en peligro, la condena es condicional

La justicia de San Lorenzo dictó sentencia contra Aldana Ansaldi, quien fue condenada por poner en riesgo la vida de tres menores con discapacidad al dejarlos encerrados en su ludoteca.

Ayer en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, la terapeuta Aldana Ansaldi fue condenada por un grave hecho ocurrido a finales de enero de ese año. En un procedimiento abreviado, la jueza de primera instancia, Dra. Strologo, homologó la pena de dos años de prisión condicional por los delitos de abandono de persona y privación ilegítima de la libertad en concurso ideal. La condena, además, incluye una serie de reglas de conducta que Ansaldi deberá cumplir durante el tiempo de su condena.

El 31 de enero de 2025, alrededor de las 16:30, la mujer, quien estaba a cargo de una ludoteca para niños en San Lorenzo, dejó encerrados a tres menores, dos de ellos con autismo y uno con síndrome de Down. Los niños fueron abandonados en el interior de un espacio con acceso bloqueado por más de 45 minutos, en una situación de total desamparo y peligro, cerca de elementos filosos o punzantes. La acción fue calificada como un acto de abandono de persona, ya que los menores eran incapaces de valerse por sí mismos.

Durante ese tiempo, Ansaldi cerró la puerta del establecimiento con llave, bloqueando el acceso y dejando a los niños en una situación de vulnerabilidad extrema, sin poder escapar ni recibir ayuda. Finalmente, tras la intervención de personas ajenas al lugar, los menores pudieron ser rescatados.

La fiscalía, a cargo del Dr. Maximiliano Nicosia Herrero, también le atribuyó a la terapeuta la privación ilegítima de la libertad de los niños, ya que los mantuvo encerrados en contra de su voluntad, sin poder salir del lugar. En su defensa, Ansaldi aceptó el juicio abreviado, evitando un juicio oral, y se comprometió a cumplir con las reglas de conducta impuestas por la justicia.

Entre las reglas que la condenada deberá seguir se incluye la prohibición de acercarse a las víctimas, la obligación de someterse a tratamiento contra el consumo problemático de estupefacientes, y la inhabilitación para ejercer la función docente durante tres años.

Este fallo ha generado controversia, sobre todo por la magnitud del riesgo que corrieron los menores. La condena pone en evidencia la importancia de la responsabilidad de los profesionales que trabajan con niños, especialmente aquellos con discapacidad, y subraya el rol fundamental de la justicia en la protección de los derechos de los menores.