Los agentes habrían permitido el ingreso de otros internos al pabellón, quienes atacaron brutalmente a la víctima

Julián Aguirre y Gustavo Raimondi, ambos agentes penitenciarios, fueron imputados por el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, un interno de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero.

El crimen ocurrió el pasado 13 de enero y fue el resultado de un plan orquestado por los agentes penitenciarios y otros internos. Según la investigación, los agentes, aprovechando su posición de autoridad, facilitaron el ingreso de otros presos al pabellón donde se encontraba la víctima, quienes lo atacaron brutalmente con golpes y elementos punzocortantes.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Provincial, donde falleció horas más tarde a causa de las graves heridas sufridas.

El fiscal Patricio Saldutti, a cargo de la causa, sostuvo que los agentes penitenciarios no solo permitieron el ingreso de los agresores al pabellón, sino que además colaboraron activamente en el ataque, abusando de su posición de autoridad.

La prisión preventiva dispuesta por el juez Sosa es un paso importante para garantizar que los acusados no entorpezcan la investigación y sean juzgados por los delitos que se les imputan. Sin embargo, este hecho pone de manifiesto la gravedad de la situación dentro de las cárceles y la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los internos y del personal penitenciario.

El homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti es un nuevo capítulo en la larga historia de violencia que se vive dentro de las cárceles argentinas. Este caso pone de manifiesto la necesidad de una reforma profunda del sistema penitenciario, que permita garantizar las condiciones de detención y evitar este tipo de hechos.

Es fundamental investigar a fondo este caso y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto los agentes penitenciarios como los otros internos que participaron en el ataque. Asimismo, es necesario tomar medidas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro, como reforzar los controles dentro de las cárceles, mejorar las condiciones de detención y brindar una adecuada capacitación al personal penitenciario.