A raíz de las denuncias por extorsión y manipulación en la UOCRA de Rosario, surgen nuevas preguntas sobre la continuidad de las prácticas ilegales 

Las figuras denunciadas en su momento fueron; Carlos Vergara (hoy preso a la espera de una nueva audiencia y alegando problemas de salud, para obtener la prisión domiciliaria) y Andrés “Pillín” Bracamonte, el extinto barra brava de Rosario Central, asesinado el 9 de noviembre pasado. A pesar de los edictos judiciales, los soldados de esta estructura aún operan en las sombras, ¿es Sixto Irrazabal el nuevo líder de esta organización o simplemente un sucesor que continúa con los mismos métodos?

La UOCRA Rosario, uno de los sindicatos más poderosos del país en el sector de la construcción, ha sido un actor fundamental en el conflicto laboral y en los escándalos de corrupción que salpicaron al movimiento sindical argentino en los últimos años. Las acusaciones de asociación ilícita en su seno, relacionadas con extorsión y manipulación de contratos de obra, han dejado al descubierto una trama de corrupción que involucra a altos funcionarios del gremio. La situación comenzó a destaparse con el caso de Carlos Vergara, ex secretario general de la UOCRA Rosario, quien fue vinculado con una red de extorsión en la que se utilizaban empresas de construcción, viandas y documentos falsificados para lucrar de manera ilegal.

El fiscal Miguel Moreno, que lleva adelante las investigaciones sobre este caso, ha identificado tres modalidades de extorsión que eran practicadas por los miembros de esta organización delictiva. La primera de ellas consiste en el “rentamiento extorsivo“, en el que empresas de construcción alquilaban, en la mayoría de los casos de forma ficticia, a personas sin vinculación alguna con el gremio para crear una “fuerza laboral” que operaba bajo las órdenes de la asociación ilícita. Estos “soldados” eran empleados fantasmas que recibían salarios, pero no tenían una verdadera función dentro de las obras.

La segunda modalidad es la de las viandas. A través de la imposición de proveedores de viandas que operaban en connivencia con los extorsionadores, se controlaba quiénes podían proveer alimentos a las obras. Solo aquellas vianderías “amigas” de la estructura podían vender en las fábricas, y las empresas contratistas eran obligadas a comprar las viandas de estos proveedores bajo amenaza de represalias.

La tercera modalidad, quizás la más preocupante, era la del “libre deuda local”, un documento falsificado que se entregaba a las contratistas de obras una vez que se negociaban las condiciones con el gremio. Este documento, que supuestamente certificaba que la empresa no tenía deudas con el sindicato, permitía el ingreso de la empresa a las obras y por ende, a la distribución de contratos.

Sin embargo, una vez que las autoridades lograron desmantelar a gran parte de la cúpula liderada por Vergara y Bracamonte, nuevas preguntas surgieron: ¿la asociación ilícita realmente se desarticuló, o simplemente cambió de liderazgos y métodos? En marzo de 2024, el periodista Hugo Bruscaglia denunció nuevamente a través de su portal de noticias en Radio San Lorenzo que los extorsionadores de la UOCRA seguían operando con la venta de viandas y pedidos de dinero a contratistas en la ciudad de San Lorenzo, uno de los centros neurálgicos de la actividad industrial en la región.

En su informe, Bruscaglia mencionaba a los apellidos Bravo y Malcorra como figuras clave en la red de extorsión que operaba en la zona. Fernando Bravo, un soldado de la asociación ilícita liderada por Vergara, era señalado como una de las personas encargadas de extorsionar a las contratistas de San Lorenzo. A pesar de estar involucrado en varias denuncias, Bravo no fue imputado en la causa judicial y continúa trabajando bajo las órdenes de Luciano Vidith, quien ahora figura como uno de los principales operadores de extorsión en la región.

Lo más inquietante es que, a pesar de los intentos por desvincularse de la estructura de Vergara y Bracamonte, varias figuras clave de la vieja guardia siguen operando bajo nuevas autoridades del sindicato. Sixto Irrazabal, el actual secretario general de la UOCRA Rosario, no solo fue el adjunto de Carlos Vergara durante 12 años, sino que también es señalado como el continuador de las mismas prácticas ilícitas que se desarrollaban bajo la gestión de su antecesor.

Las evidencias apuntan a que Irrazabal mantiene la misma red de “soldados” que ya operaban bajo Vergara. En la delegación de Villa Constitución, por ejemplo, personas que figuran denunciadas en hechos, actores de privación ilegítima de libertad y extorsión así figuran en el expediente de la asociación ilícita, Pablo Monzón, Gustavo Conde, Marcelo Febre y Damián Rivadeneira siguen siendo piezas clave en los esquemas de extorsión. Estos “soldados” no son colaboradores del gremio ni delegados de obra, sino que operan como intermediarios para conseguir “rentamiento” ilegales de las empresas de construcción a cambio de permitirles trabajar en las obras.

El propio Irrazabal, a pesar de estar al mando de la UOCRA Rosario, no ha podido esconder su vinculación con estas actividades. De acuerdo con documentos oficiales, el actual secretario general tiene al menos cuatro sueldos provenientes de diferentes contratistas, lo que sugiere una continuidad de la dinámica extorsiva que se instauró bajo la dirección de Vergara. 

Empresas como Marelli, Brajkovic, Savic y Edeca figuran como las principales financiadoras de estos “rentamiento“, que no solo benefician a Irrazabal, sino también a su entorno familiar.

En particular, la empresa del Sol Construcciones, que alquilaba “soldados” de la organización, tiene vínculos familiares con ambos, Irrazabal y Vergara.

La hija de Carlos Vergara y la de Sixto Irrazabal fueron contratadas por esta empresa, lo que deja claro que, lejos de romper con los métodos de extorsión, Irrazabal ha perpetuado el sistema de rentas ilegales que caracterizó a la administración anterior.

Pero las conexiones no terminan ahí. Empresas como Rovial, que también han sido mencionadas en las denuncias de extorsión por rentar a Pablo Monzon donde el mismo junto a Juan Manuel Enriquez, este ya condenado por la asociación ilícita y en el mismo abreviado que firma figuran Monzon Pablo, Conde y Marcelo Febre como actores ejecutores de las órdenes del mismo. En hechos gravísimos como privación ilegítima de la libertad, extorsión y demás hechos. Siguen rentando a familiares de Irrazabal, lo que hace sospechar que el sistema de “soldados” sigue funcionando con la misma estructura y métodos que en el pasado. La empresa Savic, por ejemplo, ha estado vinculada a miembros del entorno familiar de Irrazabal, consolidando la idea de que la organización continúa operando como una red paralela de poder y corrupción.

Una de las pruebas más alarmantes de la continuidad de las actividades ilícitas es la relación entre Irrazabal y la viandería ATE Servicios SRL, controlada por “Pillín” Bracamonte, quien antes de ser asesinado, dejó en su lugar a su mujer; Agustina Diale, imputada por esto, aunque quien sigue siendo una pieza clave en el negocio de las viandas. En diciembre de 2024, durante una parada de trabajo en una planta de celulosa, se obligó a los contratistas a adquirir las viandas de esta empresa, que anteriormente había estado involucrada en una investigación por lavado de dinero, ATE Servicios SRL por 30 días, llegó a facturar; 530 millones de pesos donde de los 900 trabajadores 600 eran brasileños lo cual llevó un menú especial día y noche.

En esta empresa, también figura como empleado Rodogna, sobre quien se rumorea que existió un amorío con Vergara. Pero también figura como empleada de la empresa Edeca quien es nombrada en la causa por ser la empresa que rentaba el servicio de PROTISTUCION VIP y cuyo propietario es Marcelo Burgués. Estos datos, se pueden extraer del expediente judicial que posee el Fiscal Moreno.

Este tipo de conexiones pone en evidencia una vez más la existencia de una red delictiva que sigue operando con el apoyo de estos empresarios que trabajan en sociedad, en el seno del sindicato, pese a los intentos por desvincularse de la estructura de Vergara. 

A pesar de que el fiscal Moreno logró desmantelar a gran parte de la cúpula liderada por Vergara y Bracamonte, las evidencias sugieren que la asociación ilícita que operaba en la UOCRA Rosario continúa en pie. Sixto Irrazabal, el nuevo secretario general del gremio, parece ser el sucesor de esta red de corrupción y extorsión, manteniendo los mismos métodos y aliados que caracterizaron la gestión de Vergara. Mientras tanto, el sindicalismo de la construcción sigue atrapado en las garras de una red de corrupción que parece más difícil de desmantelar de lo que se pensaba. Otras voces sugieren una intervención del gremio a nivel nacional, pero su secretario nacional Gerardo Martínez será un “socio oculto o observador”

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