¿Falsificación en el corazón de Tabacalera Sarandí?

La investigación que involucra al empresario Pablo Otero, dueño de la tabacalera Sarandí, podría desembocar en serias implicancias judiciales tras descubrirse una red de falsificación que comprometería tanto a la empresa como a figuras políticas de peso. La pericia que analiza paquetes de cigarrillos secuestrados revela pruebas de adulteración y podría llevar a medidas drásticas.

A finales del año pasado, la Casa de la Moneda de la República Argentina comenzó a realizar una pericia clave en el marco de la causa 22347/2019, tramitada ante el Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata. La investigación involucra a una importante cantidad de cigarrillos fabricados por la empresa Tabacalera Sarandí, propiedad del controvertido empresario Pablo Otero, y la duda sobre si estos productos eran auténticos o no.

El material en cuestión fue secuestrado por la Gendarmería Nacional durante un allanamiento en el domicilio de José Daniel Hernández, distribuidor oficial de Tabacalera Sarandí, ubicado en la ciudad de Mar del Plata. En la operación, se encontraron una importante cantidad de paquetes de la marca insignia de la empresa, “Red Point“. A pesar de que Otero intentó desvincularse del hecho y alegó que los cigarrillos no pertenecían a su empresa, la evidencia recopilada complicó su defensa.

Uno de los elementos que lo comprometió fue una factura millonaria emitida por Tabacalera Sarandí, cuyo número 0005-00139757 coincidía con la mercadería secuestrada en el allanamiento. A esto se sumaron los peritajes realizados a las estampillas adheridas a los paquetes, que resultaron ser apócrifas, es decir, falsificadas. Las estampillas, que son instrumentos fiscales de control utilizados por la AFIP para la recaudación del impuesto interno, no solo eran falsas, sino que los paquetes con las estampillas adulteradas eran idénticos a los originales en cuanto al diseño, corte, ensamble y material de impresión.

El hallazgo fue alarmante, ya que según los expertos, la falsificación no se limitaba a las estampillas, sino que también afectaba el embalaje y el proceso de fabricación de los cigarrillos. La similitud entre los productos auténticos y los falsificados, incluida la maquinaria utilizada, sugiere que la adulteración podría provenir del propio seno de la empresa Tabacalera Sarandí. Este descubrimiento podría ser una prueba irrefutable de que Otero y su empresa estarían involucrados en un esquema de falsificación a gran escala.

La situación se agrava aún más con la denuncia presentada por la AFIP, hoy ARCA que había sufrido una ralentización aparentemente sospechosa, pero que recientemente se reactivó. Fuentes cercanas al caso indicaron que el juzgado de Mar del Plata estaría evaluando medidas judiciales en lo inmediato, que podrían incluir allanamientos y solicitudes de detención. En paralelo, la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras presentó una denuncia contra Otero y algunos políticos, acusándolos de haber pagado coimas a legisladores nacionales para frenar la modificación del impuesto interno. Esta denuncia, presentada a comienzos de 2024, tomó relevancia en el contexto de ciertos escándalos políticos que han surgido en los últimos meses, lo que podría dar fundamento a la acusación.

La situación de Otero es cada vez más compleja. Las fuentes aseguran que el fiscal federal de Mar del Plata estaría considerando la detención de Otero debido a la millonaria cantidad de bienes y dinero que el empresario tiene en el extranjero, en sociedades offshore. Además, sus vínculos con políticos de peso como Cristian Ritondo, a quien también se le habrían descubierto propiedades en Estados Unidos, podrían ponerlo en una posición aún más delicada.

Por su parte, Pablo Otero no ha dejado de intentar evadir las consecuencias judiciales. En las últimas semanas, ha presentado planteos judiciales pidiendo que el juez de Mar del Plata se inhiba de seguir con el caso y lo derive a otro tribunal que podría ser más favorable para él. Otero teme que, con el avance de la investigación, pueda verse obligado a pasar las fiestas en el penal de Ezeiza, un panorama que intenta evitar a toda costa.

La complejidad de este caso podría derivar en una de las mayores crisis judiciales del año. Si las pruebas continúan apuntando hacia Otero y su empresa, el “señor del tabaco” podría enfrentarse a consecuencias gravísimas que comprometerían no solo su patrimonio, sino también su libertad. A medida que avanzan las investigaciones y las denuncias se acumulan, queda claro que este será un proceso judicial con importantes repercusiones políticas, económicas y sociales. La clave será si la justicia logra desentrañar la red de falsificación y corrupción que podría haber operado desde las entrañas mismas de la empresa Tabacalera Sarandí.