Hoy llevaron adelante tres nuevos operativos en Rosario

En el marco de la Ley de Microtráfico, se inactivaron tres nuevos puntos de venta de estupefacientes en Rosario, elevando la cifra a casi 40 en toda la provincia. Los operativos se realizaron en base a denuncias vecinales y buscan desarticular la venta minorista de drogas y su consecuente violencia.

Este jueves, las autoridades llevaron a cabo operativos simultáneos en tres inmuebles de Rosario, ubicados en Superí 1963, Superí 1940 y Crespo 3971, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige en la provincia desde principios de año. Estas acciones, impulsadas por denuncias de vecinos, buscan combatir la venta de estupefacientes al menudeo y la violencia asociada a esta actividad.

El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, Omar Pereira, junto a los fiscales Pablo Socca y Lisandro Artacho del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron las intervenciones. El fiscal César Pierantoni también solicitó una de las intervenciones. Pereira destacó que, con estos operativos, se alcanzan los 39 derribos en la provincia, 30 de ellos en Rosario, y anticipó que podrían realizarse más antes de fin de año. “Seguimos avanzando con la implementación de la Ley de Microtráfico, que vino a constituirse en una herramienta importante no solo contra la venta de estupefacientes al menudeo, sino de toda la contextualización de violencia que esto implica”, remarcó el funcionario.

Pereira también señaló un aumento en los derribos, las detenciones y los secuestros de estupefacientes, tanto en pequeñas como en grandes cantidades, estas últimas derivadas a la Justicia Federal. Además, resaltó la importancia de las denuncias ciudadanas, tanto a través del 911 como del 0800 para denuncias anónimas, como un elemento clave para iniciar las investigaciones.

El fiscal explicó que las investigaciones se iniciaron hace dos o tres meses a partir del análisis de llamadas al 911 realizadas por vecinos que denunciaban la actividad de bandas dedicadas a la venta de drogas. “Hasta hace poco tiempo, aquí había filas de personas esperando para comprar estupefacientes; esto es lo que han denunciado los vecinos de manera incansable. Y hoy venimos a tratar de poner fin a esto”, afirmó el fiscal. El fiscal también mencionó la imputación y prisión preventiva de dos años impuesta la semana pasada a un conocido actor de la zona, apodado “Frentudo” Fernández, cuya banda operaba en uno de los puntos intervenidos.

Además explicó que, debido a cuestiones edilicias, en esta ocasión no se procedió al derrumbe de los inmuebles, sino a su inactivación mediante el tapiado y bloqueo de todos los accesos. Además, informó que no hubo detenciones en el momento de los operativos porque “no había nadie en el lugar” y que, según informes de la Dirección de Vivienda y de Catastro, “estas casas no son de nadie, pertenecen a personas que quizás ya han fallecido, que no residen más en el lugar y son apropiadas por estas bandas para búnkers”.

Con estas nuevas intervenciones, la cifra de puntos de venta de estupefacientes inactivados y demolidos asciende a 39 en toda la provincia desde principios de 2024. Estos operativos son el resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y los gobiernos locales. La ley de Microtráfico, aprobada a finales de 2023, asigna a los fiscales del MPA la investigación de los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, anteriormente competencia de la Justicia Federal. El objetivo es desarticular los puntos de venta y avanzar en la investigación de los eslabones superiores de las redes de narcotráfico, cuya persecución continúa a cargo de la Justicia Federal.

Una detenida en pleno procedimiento

Un hecho particular se produjo durante el procedimiento en Superí 1963. Una mujer identificada como Marisol B de 32 años, llegó al lugar en una moto sin patente y solicitó que no se derrumbara la casa, argumentando que pertenecía a su madre enferma. Debido a su actitud y a que comenzó a realizar llamadas telefónicas, los fiscales ordenaron su detención y el secuestro de su teléfono celular. Este incidente se investiga por separado para determinar si existe alguna vinculación de la mujer con la actividad ilícita que se desarrollaba en el lugar