Esto se da tras la autorización de una obra que genera un alto riesgo hídrico en Funes
El Gobierno provincial impugnó una decisión judicial que permitió continuar un desarrollo inmobiliario en una zona de alto riesgo ambiental. Se cuestiona la falta de intervención de la Provincia y la afectación de su autonomía
El Gobierno de Santa Fe, a través de la Fiscalía de Estado, presentó una impugnación contra una resolución de la Justicia Federal que autorizó la continuación de un desarrollo inmobiliario en la localidad de Funes, departamento Rosario, a pesar de los riesgos ambientales y hídricos que este conlleva. La controversia gira en torno al proyecto Fideicomiso “Damfield Funes”, un loteo que había sido suspendido por la administración provincial debido a su ubicación en una zona crítica, susceptible a inundaciones y cercana a la reserva hídrica del arroyo Ludueña.
El conflicto comenzó en julio de 2024, cuando el Gobierno Provincial decidió paralizar dos obras de loteo en el sur de Funes, basándose en la evaluación realizada por los ministerios de Ambiente y Obras Públicas. Según los informes de estos organismos, las obras se habían iniciado sin los estudios de impacto ambiental ni los certificados hídricos correspondientes. Además, se había advertido en dos ocasiones previas a los responsables del proyecto sobre la necesidad de cesar las actividades, pero las intimaciones no fueron cumplidas.
Ante esta situación, los responsables del Fideicomiso “Damfield Funes” recurrieron a la Justicia Provincial mediante un amparo, buscando revocar las medidas adoptadas por el gobierno santafesino. Sin embargo, la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rosario rechazó dicho amparo, argumentando que las obras representaban un riesgo medioambiental y no cumplían con la normativa vigente.
A pesar de este fallo, los inversores del proyecto, que ya habían adquirido terrenos en el loteo, acudieron a la Justicia Federal, donde cuestionaron un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) utilizado por la Provincia para respaldar la suspensión de las obras. El juez federal Gastón Salmain dictó una medida cautelar que permitió que los trabajos continuaran, a pesar de los riesgos hídricos, argumentando que los perjuicios para los inversores eran más graves que los posibles impactos ambientales.
Este miércoles, el Gobierno provincial presentó una solicitud de nulidad de la medida cautelar, señalando que el juez federal actuó fuera de su competencia y sin dar intervención a las autoridades santafesinas, quienes fueron directamente afectadas por la decisión. La Fiscalía de Estado destacó que la causa no corresponde al fuero federal, sino que debía ser tratada por la Justicia Provincial, y que la resolución del juez vulnera la autonomía de Santa Fe al suspender actos administrativos provinciales sin el debido proceso.
“El perjuicio es evidente”, explicó el fiscal de Estado Domingo Rondina, acompañado de las fiscales adjuntas Erica Lamas y Natalia Capparelli. “Un juez incompetente suspende actos administrativos provinciales y declara inaplicable una ley provincial en favor de un particular, sin respetar las normativas de nuestra provincia ni el informe técnico del INA”, añadieron.
La impugnación presentada por Santa Fe subraya el riesgo de que la intervención de la Justicia Federal en este caso sentencie un precedente peligroso, afectando la capacidad de la provincia para tomar decisiones sobre su territorio y recursos naturales. Mientras tanto, el proyecto sigue generando controversia por los posibles efectos ambientales que podría causar, especialmente en una zona crítica desde el punto de vista hídrico
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