Le dictaron prisión preventiva domiciliaria por intimidación pública, tras las llamadas telefónicas que realizó

En un hecho que ha conmocionado a la ciudad de Rosario, un hombre de 63 años, identificado como Adolfo Gustavo G fue imputado por el delito de intimidación pública tras amenazar con la colocación de explosivos en el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” y en edificios adyacentes a la Bolsa de Comercio. La amenaza se produjo el 23 de agosto, durante la visita del presidente Javier Milei y fue realizada a través de un llamado a la Central de Emergencias del 911.

La investigación, dirigida por la fiscal federal Adriana Saccone y la auxiliar fiscal María Florencia Giecco, se inició inmediatamente después de la llamada, en la que el sospechoso advirtió: “Quiero advertir que han colocado elementos explosivos en el aeropuerto y en edificios adyacentes a la Bolsa de Comercio, no es una broma, es muy en serio esto”. Este mensaje no solo provocó una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad, que evacuaron y registraron los lugares mencionados, sino que también desencadenó un exhaustivo trabajo de investigación.

Gracias a un análisis técnico realizado por la División Antiterrorismo de la Policía Federal, logró geolocalizar el dispositivo desde el cual se realizó la llamada, un teléfono Nokia modelo 111 del año 2012. Esta información permitió vincular al acusado con la amenaza, ya que la llamada impactó en una antena situada cerca de su domicilio.

El 2 de octubre, tras el cruce de datos, se llevaron a cabo allanamientos en tres domicilios, culminando en la detención de Adolfo Gustavo G. Este individuo cuenta con antecedentes penales por amenazas y tenencia ilegal de armas, lo que ha reforzado las acusaciones en su contra.

Durante la audiencia, el juez federal Carlos Vera Barros accedió a la solicitud de prisión preventiva domiciliaria planteada por la fiscalía, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y los riesgos procesales que podría representar el acusado en libertad.

Este caso resalta la importancia de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades ante amenazas de tal magnitud, especialmente en el contexto de eventos públicos de relevancia. La intervención de la fiscalía y la policía es crucial para garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.