El Ministerio Público de la Acusación realizó 29 allanamientos y detuvo a siete personas en un operativo histórico

En un esfuerzo por combatir el creciente problema de la violencia armada en Argentina, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevó a cabo una serie de 29 allanamientos en diversas armerías de Rosario, resultando en la detención de siete individuos. Este operativo, coordinado por el Fiscal Gastón Ávila y enmarcado en el Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General, representa un paso significativo en la lucha contra el mercado ilegal de armas.

La investigación se inició tras un informe de la Subsecretaría de Intervención Federal, que reveló un patrón preocupante: un grupo de usuarios había solicitado múltiples permisos de tenencia de armas entre 2020 y 2024. Esto llevó a la creación de un equipo de trabajo específico que, junto con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y la Policía Federal, se dedicó a analizar los perfiles económicos de estas personas. Los hallazgos mostraron que muchas de estas adquisiciones no coincidían con los antecedentes económicos de sus propietarios.

Los allanamientos tienen como objetivo desmantelar los mecanismos que permiten el desvío de armas adquiridas legalmente hacia el mercado negro, ya que muchas de estas no se encontraban en poder de sus legítimos propietarios al momento de las intervenciones. Este enfoque busca identificar y sancionar a quienes participan en la venta ilegal de armas, un fenómeno que contribuye a la violencia en la región.

Las audiencias imputativas para los detenidos se llevarán a cabo en los próximos días. Este operativo forma parte de un convenio de colaboración firmado en abril de 2024 entre el MPA y el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo objetivo es reducir la circulación ilegal de armas y prevenir la violencia armada en el país. La estrategia está alineada con uno de los lineamientos priorizados por el MPA, que busca abordar los mercados ilegales de armas vinculados a homicidios, heridos por armas de fuego y balaceras.

Con estos esfuerzos, las autoridades esperan frenar la escalada de violencia y establecer un control más riguroso sobre la tenencia y comercialización de armas en Argentina. La comunidad observa con atención los próximos pasos en esta importante lucha por la seguridad pública.