Retiraron bienes secuestrados en la PDI de Rosario
El Gobierno santafesino avanza en un plan para desocupar comisarías y depósitos judiciales, con el fin de optimizar el uso del espacio público y mejorar la gestión de los bienes secuestrados
El Ministerio de Gobierno e Innovación de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), ha llevado a cabo un importante operativo en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario, ubicada en Lamadrid 470. Este procedimiento forma parte de un ambicioso plan que busca retirar todos los elementos secuestrados acumulados en comisarías y depósitos judiciales, mejorando así la organización y el control de estos espacios.
Durante el operativo, se retiraron una variedad de objetos que incluían autopartes, televisores, ropa, computadoras y rifles de aire comprimido. Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales, subrayó que la iniciativa tiene como objetivo “ordenar los depósitos de efectos secuestrados en Rosario”, destacando la necesidad de un mejor control y trazabilidad de todos los elementos en estos espacios.
“Estamos ordenando el Estado para poder tener un mayor control y la debida trazabilidad de todos los elementos secuestrados”, agregó el funcionario. Este esfuerzo responde a la directiva del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Fabián Bastia, quienes han enfatizado la importancia de mantener los diferentes predios del Estado provincial en un estado ordenado.
El operativo no se detiene aquí. Figueroa Escauriza anunció que en los próximos 15 días se realizará un relevamiento en la comisaría 10º de Rosario, donde se estima que hay más de 300 motos, 40 autos y 100 bicicletas, las cuales serán retiradas y, posteriormente, compactadas.
La Aprad, entidad encargada de gestionar los bienes secuestrados, tiene como prioridad la utilidad social de estos objetos. Entre ellos se encuentran vehículos que pueden ser destinados a la Policía o instituciones educativas y asistenciales, mientras que otros elementos, como muebles y ropa, son entregados a organizaciones de beneficencia.
Este proceso de ordenamiento no solo busca optimizar el espacio, sino también garantizar que los bienes secuestrados cumplan un propósito social y beneficien a la comunidad. La iniciativa refleja un compromiso del gobierno provincial hacia una gestión más transparente y eficiente de los recursos.