Fue durante el conflicto aéreo que el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra el secretario general de APLA
Pablo Biró, acusándolo de amenazas y extorsión en el marco del conflicto aeronáutico. Las autoridades consideran que las declaraciones del sindicalista exceden el derecho a huelga y podrían configurar un delito.
En medio de la tensión generada por el conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dio un paso al frente y presentó una denuncia penal contra Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).
La denuncia, presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional 12, se basa en las declaraciones públicas de Biró, quien habría amenazado con profundizar el perjuicio para Aerolíneas Argentinas y los pasajeros en caso de no obtener una respuesta favorable a sus demandas.
Según el Ministerio de Seguridad, estas declaraciones exceden el marco del derecho a huelga y podrían encuadrarse en el delito de amenazas extorsivas, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal. La cartera que conduce Bullrich sostiene que el derecho a huelga debe ejercerse de manera razonable y proporcional, y que en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, cualquier interrupción abrupta puede generar un impacto significativo en la sociedad.
La decisión de denunciar a Biró se enmarca en la voluntad del Gobierno de garantizar la estabilidad del servicio aéreo y proteger los derechos de los ciudadanos. Las autoridades consideran que las medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios aeronáuticos, en particular las que afectan servicios esenciales, podrían constituir “huelgas salvajes” y, por lo tanto, estar fuera del amparo constitucional.
La denuncia contra Pablo Biró ha generado un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos. La decisión de la cartera de Seguridad de llevar el caso a la Justicia refleja la gravedad de las acusaciones y la determinación del Estado de garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad pública. Resta esperar la resolución judicial para determinar si las acciones del sindicalista encuadran en un delito y cuáles serán las consecuencias legales.
