En un fallo que genera polémica, un juez provincial rechazó un habeas corpus presentado en defensa de un hombre que fue detenido en cinco oportunidades en menos de dos meses

Se trata de un caso se quien se consideraba víctima, se negó a ser identificado en operativos de rutina por la policía santafesina. La decisión judicial se ampara en una reciente reforma al Código Procesal Penal provincial que otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad para realizar identificaciones en la vía pública.

La controversia se centra en la interpretación de la nueva normativa, que permite a los agentes policiales demorar hasta seis horas a personas que se nieguen a identificarse si existen “sospechas o indicios ciertos” de que puedan estar vinculadas a algún delito. En este caso particular, el juez consideró que las acciones policiales se ajustaron a la ley y que no hubo un hostigamiento hacia el ciudadano.

“Está dentro de las facultades legales el traslado de una persona a dependencia policial. También que el personal policial pueda realizar la identificación en el mismo lugar del procedimiento o en la comisaría”, sostuvo el juez Pablo Pinto al fundamentar su fallo.

Sin embargo, la decisión judicial ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y defensores de las garantías individuales, quienes advierten sobre el riesgo de abusos y arbitrariedades en el ejercicio de estas nuevas facultades policiales. Argumentan que la detención reiterada de una misma persona sin que se hayan encontrado pruebas de su participación en algún delito podría constituir una forma de persecución.

Por su parte, las autoridades provinciales defienden la reforma legal, argumentando que se trata de una herramienta necesaria para combatir la inseguridad y reducir los índices de delitos como robos y hurtos. “Hacerse cargo de la seguridad pública en una provincia declarada en emergencia implica control”, afirmó José de Olazábal, funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El caso ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos individuales. Expertos en seguridad jurídica advierten que es fundamental establecer protocolos claros y mecanismos de control para evitar que estas nuevas facultades sean utilizadas de manera discrecional y arbitraria.