La Justicia de Rosario generó un fuerte revuelo al liberar a un grupo de jóvenes conocidos como “Los Chetos de Funes”
Los mismos atraviesan una causa penal por tentativa de robo, robo, daños y otros delitos. La decisión judicial, que permitió incluso que uno de los imputados viajara a Estados Unidos, ha sido duramente criticada por la sociedad y ha generado sospechas de trato privilegiado.
En una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la jueza Eleonora Verón hizo lugar a un acuerdo de partes y dispuso la libertad de Manuel Bordallo Estévez, Santino Moscatto, Máximo Luis Onetto, Lautaro Ignacio Pelozo, Jerónimo Ramírez y Tomas Valdez Rodríguez, imponiéndoles una serie de medidas cautelares como fijar residencia, prohibición de acercamiento a las víctimas y una fianza de $400.000.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la decisión de permitir que Jerónimo Ramírez, uno de los imputados, viaje al exterior a pesar de los cargos en su contra. Esta medida ha sido interpretada como un claro ejemplo de doble estándar y ha generado acusaciones de favoritismo hacia este grupo de jóvenes, “hijos de reconocidos empresarios” de la zona.
El fiscal Pablo Lanza atribuyó a los “Chetos de Funes” los hechos ocurridos el 15 de agosto, cuando los jóvenes, a bordo de vehículos de alta gama, ingresaron a un domicilio en Funes con la intención de robar elementos de valor. Además del vandalismo y el robo, los imputados causaron daños en la propiedad.
La decisión judicial ha sido duramente criticada en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde se ha señalado que la Justicia ha sido condescendiente con estos jóvenes debido a su posición social. Muchos ciudadanos han expresado su indignación ante el hecho de que estos jóvenes, que provienen de familias acomodadas, hayan sido tratados de manera diferente a otros ciudadanos que cometen delitos similares.
La liberación de los “Chetos de Funes” ha reavivado el debate sobre la desigualdad ante la ley y la percepción de que la Justicia argentina no es igual para todos. La sociedad exige una explicación clara y transparente sobre los motivos que llevaron a la jueza a tomar esta decisión, y se espera que se investiguen a fondo las posibles irregularidades en este caso.
Este hecho ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma judicial profunda que garantice la igualdad ante la ley y la aplicación imparcial de la justicia, independientemente de la posición social de los involucrados.
Pero como se tratan de hijos de “empresarios” reconocidos, no le aplicaron la ley con severidad y fueron condescendientes, benévolos y hasta ingenuos por pertenecer a la “alta suciedad”
